Un presidente ejemplar para un periodo de crisis

Pocos periodos de la historia panameña han sido tan complicados y dolorosos como los años comprendidos entre 1931 y 1933, correspondientes a la llamada Gran Depresión.

Por efectos del destino o de la inteligencia popular, Panamá pudo pasar la dura prueba gracias a la buena gestión de dos de los presidentes más capaces de la historia republicana: Ricardo J. Alfaro y Harmodio Arias Madrid.

La Gran Depresión estalló con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 29 de octubre de 1929, pero las causas que la produjeron yacían escondidas en las fantasías de éxito económico ilimitado que prevalecían en el momento.

La más larga crisis económica conocida por la humanidad pareció imbatible durante tres años y medio, en los que el comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%, los precios de los productos agrícolas y minerales se redujeron en un 60% y el desempleo llegó a alcanzar el 33% de la población en edad de trabajar.

En Panamá, la situación internacional incidió sobre una realidad ya preocupante. Como otras muchas naciones del continente americano, en la década de 1920 el país había experimentado un ciclo económico ascendente pero engañoso, dependiente de préstamos externos y la inversión estadounidense. Al estallar la burbuja especulativa en Nueva York, los problemas aumentarían en forma de espiral hasta adquirir ribetes trágicos.

“El tesoro está desprovisto de dinero, la cuenta del Gobierno en el Banco Nacional está sobregirada; existe una deuda flotante de cuentas por pagar de cerca de millón y medio de balboas y los gastos ordinarios continúan aumentando”, detallaba, antes de la crisis internacional, un grupo de economistas del City Bank contratados por el presidente Florencio Harmodio Arosemena (1928-1931) para un estudio crítico de la situación económica del país.

Como lo detallaría el informe Roberts –así se llamó al documento presentado durante los primeros meses de 1929–, el de Panamá no era solamente un problema fiscal, sino una profunda crisis institucional y colapso del modelo económico y político que había prevalecido desde la fundación de la República: “La Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación de aprobar los presupuestos durante los últimos diez años y aún las partidas incluidas en el presupuesto expedido por el presidente son burladas. La eficiencia del personal en el servicio público es baja debido a los venenosos efectos del nepotismo y la política”, añadía el informe.

La construcción del Canal y la presencia de los estadounidenses en la Zona del Canal habían creado serias distorsiones en la economía. El agro se había abandonado y Panamá dependía excesivamente de importaciones aun para suplir los productos de primera necesidad como carne fresca, manteca, mantequilla, leche, queso, pescado, huevos, frijoles, frutas, arroz, tabaco, calzado, sombreros y vestidos (Ver Estudios del Panamá Republicano, de Patricia Pizzurno y Celestino Arauz).

La fuerza laboral estaba compuesta por un número desproporcionado de inmigrantes extranjeros. Las cifras de la época indicaban que, de un total de 60 mil, 40 mil enviaban casi la totalidad de sus ingresos a sus respectivos países.

El comercio languidecía por el efecto del contrabando procedente de los comisariatos de la Zona del Canal, que con sus productos importados de Estados Unidos a precios subvencionados, eran una cotizada fuente de aprovisionamiento para el mercado local. Se calculaba que la mitad de los $10 millones en ventas anuales de estos comisariatos iban a parar a las familias panameñas que dejaban de comprar al comercio local.

Los que más sufrían la situación eran los obreros y campesinos, quienes, carentes de instrucción básica, eran explotados inmisericordemente –cuando conseguían una fuente de empleo–. El sistema fiscal de la época, basado en el consumo y no en la renta, hacía recaer desproporcionadamente la responsabilidad fiscal sobre los más pobres.

Para 1930 ya se sentían con fuerza en Panamá los efectos de la crisis internacional. Los comerciantes, que durante años habían operado con base en el crédito, tenían dificultades para recuperar su dinero. El deterioro económico se manifestaba en desórdenes populares. Ese año, en Puerto Armuelles, los obreros descontentos por la conclusión de los trabajos del ferrocarril chiricano, provocaron a las autoridades haciendo un llamado a “la distribución de la riqueza” y a un gobierno del proletariado. Pocas semanas después, en 1930, en Garachiné, provincia de Darién, cientos de campesinos se manifestaban violentamente tras ser expulsados de terrenos de propiedad ajena.

Incapaz de controlar la situación y cada vez más aislado, el presidente Florencio Harmodio Arosemena, un ingeniero bien intencionado pero carente de base política, fue derrocado en lo que constituyó el primer golpe de Estado de la historia panameña. La población aceptó fácilmente el movimiento golpista de Acción Comunal contra un presidente que no gozaba del favor popular y a quien se consideraba parte del entramado político que había propiciado la corrupción e ineficacia del gobierno. Incluso la Corte Suprema de Justicia no tardó en pasar por alto el claro golpe de Estado y declarar como legítimo heredero al prestigioso abogado Ricardo J. Alfaro.

Bajo la presidencia de Ricardo J. Alfaro, la crisis llegaría a su punto más álgido. En enero de 1932, el gobierno reconocía que las recaudaciones fiscales no eran suficientes para cubrir las erogaciones y que el déficit llegaba a entre $150 mil y $200 mil mensuales, una cantidad enorme en la época.

En el mes de febrero de 1932, el gobierno se vio obligado a reducir entre un 7,5% y un 15% el sueldo de los empleados de la Lotería Nacional (Decreto 19 del 17 de febrero de 1932).

A pesar de los obstáculos, el presidente Alfaro fue capaz de mantener la estabilidad social pues era considerado básicamente un presidente de transición: de él se esperaba primordialmente que preservara el orden social ofreciendo las garantías de unos comicios electorales limpios en junio de ese año.

Alfaro cumplió con las altas expectativas que se tenían de él. En junio de 1932 organizó las elecciones más limpias y ordenadas que recordara el país, en un ambiente de total imparcialidad por parte del gobierno.

El candidato Harmodio Arias obtuvo 10 mil votos por encima de su más cercano contrincante, Francisco Arias Paredes. Tan correcto fue el procedimiento que se dio el caso inusitado de que Arias Paredes reconociera los resultados emitidos por las autoridades. Era tal la sorpresa ante esta conducta inédita que, en adelante, se le conoció como “el caballero de la política”.

Harmodio Arias Madrid ganaba las elecciones de junio de 1932 ampliamente, haciendo un hábil uso de dos seudónimos que se le habían atribuido popularmente: “El Cholito de Río Grande” y “el candidato de los pobres”, en momentos en que se valoraba el hecho de que no procediera del establishment. Había nacido en Río Grande, provincia de Coclé, el 3 de julio de 1886, en una familia de clase media, dedicada a la ganadería y labores agrícolas.

“Era muy calladito siempre, jugaba poco, era obediente, sumiso, resignado, trabajador. Ha sido siempre muy trabajador”, comentaba, con motivo de su investidura presidencial, su orgullosa madre doña Carmen Madrid (Ver Biografía de Harmodio Arias, por Mélida Sepúlveda).

A los 17 años, el joven de marcadas facciones indígenas trabajaba como cajero en un establecimiento comercial. Poco podía esperarse de su futuro.

El curso de su vida y la historia de Panamá cambiaron gracias a una beca del gobierno. Fue una de las primeras decisiones tomadas por el primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero, que destinó una partida presupuestaria importante para enviar a un grupo de jóvenes talentosos a estudiar al exterior.

La clara inteligencia del joven Harmodio y las hábiles gestiones de su madre le permitieron ser elegido como beneficiario del programa.

El joven viajó a Londres para ingresar a la prestigiosa Universidad de Cambridge, de la cual se graduó con honores como bachiller en leyes en 1909. Antes de regresar a su país de origen, la universidad le ofreció una beca para continuar sus estudios, por lo que en 1911 llegó a obtener un segundo título como doctor en leyes.

A su regreso al país, en 1912, siendo el primer panameño graduado con un doctorado en leyes de una universidad importante, sus talentos fueron bien cotizados y el gobierno de Belisario Porras lo invitó a incorporarse al servicio público como subsecretario de Relaciones Exteriores, y posteriormente como miembro de la Comisión Codificadora que se encargaría entre los años 1914 y 1916, de redactar el Código Fiscal.

En 1914 abrió su bufete, convertido con los años en la prestigiosa firma Arias Fábrega y Fábrega.

Entre 1924 y 1928 cumplió un periodo como diputado en la Asamblea Nacional, en una gestión que le permitió mostrar sus capacidades como estadista.

En 1932, Harmodio Arias era un ejemplo de la superación y prueba de que, con las debidas oportunidades, los panameños de orígenes modestos podían competir con los mejores del mundo.

Todo ello contribuiría a prepararlo para los grandes retos que asumiría entre 1932 y 1936, dirigiendo un país en crisis

(Ver próxima entrega: Harmodio Arias y la crisis inquilinaria de 1932).