... y que se haga lo justo

El retorno a Panamá del expresidente extraditado esta semana pone a prueba los valores y el civismo de todos los panameños, sin excepción. Nadie aquí puede sortear la obligación ciudadana de cumplir con la responsabilidad que nos cabe a todos: ninguno de los tres Poderes del Estado, ninguno de los partidos políticos sea afín u opuesto al extraditado, ninguno de los medios de comunicación ni de las Iglesias. Tampoco pueden esquivarlo los empresarios y los trabajadores de este país ni los docentes ni estudiantes de cualquier nivel académico. Se pondrá en evidencia nuestro apego a la democracia, nuestro respeto por sus instituciones y el grado de nuestra cultura cívica. Nos debemos esforzar por probarnos a nosotros mismos —y al mundo que nos mira, como dijimos una vez a finales del siglo pasado— que somos ejemplo coherente de un Estado de derecho en una sociedad civilizada.

Vale aclarar, desde un principio, que no pretendo tomar partido para defender o condenar al expresidente, porque ese rol corresponde estrictamente a las autoridades competentes y a sus consejeros legales; mi deseo es que, cuando finalmente se le llegue a declarar culpable o no culpable de los cargos formulados, se haya seguido un proceso correcto, prístino y transparente a la vista de todos, sin margen para reclamos por deficiencias en el proceso o abusos de poder.

Varios factores están en juego tan pronto pisó territorio nacional el ciudadano cuya extradición se logró. En primer lugar, imprescindibles son las condiciones bajo las cuales se accedió al retorno: solo puede ser sometido a un proceso penal por las cuatro causales invocadas por Panamá al solicitar su extradición, el llamado principio de ‘exclusividad'; y debe recibir una evaluación médica inmediata, vistas sus dolencias crónicas. Tocará a la Corte Suprema cumplir la primera condición y al Ministerio de Gobierno, satisfacer la segunda, que en todo caso es su responsabilidad ordinaria.

Cumplidos esos requisitos indispensables, se pondrá en marcha nuestro sistema de administración de justicia. El respeto constitucional al principio básico de presunción de inocencia obliga a autoridades y a medios de comunicación; no cabe una presunción distinta en tanto no haya decisión final de un tribunal competente. Es el corazón de nuestro sistema que respeta la dignidad de la persona solo por su humanidad, y la de los medios que se encargarán de informar. Todos, contrincantes y simpatizantes políticos —y en especial los expertos, profesionales o no, que tantas opiniones se atreven a adelantar— harán un gran favor para la formación de una genuina opinión pública, si se ajustan a hechos concretos, sin lanzar acusaciones gratuitas no probadas.

A diferencia del exgeneral huérfano de apoyo político, el expresidente es fundador de un partido que lo llevó a la Presidencia de la República y es dirigente reconocido por sus copartidarios; en teoría, podría organizar movilizaciones callejeras con riesgo de afectar la paz del país. Eso sería inaceptable, aunque respetemos las libertades de expresión y de tránsito.

Los procesos judiciales se debatirán estricta y técnicamente en el campo judicial exclusivamente, como corresponde; los procesos mediáticos no tienen valor jurídico más que la posibilidad de crear confusión si no son bien manejados. Más que nunca a los magistrados les toca desempeñar su función como la Gran Dama que la ejerce con ojos vendados; deberán hacerse de valor y coraje para decidir lo justo y correcto. Aunque el asunto es delicado como pocos, deben tener presente la verdad de a puño y frase lapidaria que expresó hace un par de días el presidente francés en Toronto: ‘Nadie es eterno en el poder'.

EXDIPUTADA