Abusos sexuales de clérigos católicos

La reciente condena a seis años de cárcel del cardenal George Pell de Australia ha sido un nuevo episodio en la cadena de acusaciones contra obispos y sacerdotes católicos por abusos sexuales perpetrados contra menores o por su encubrimiento cuando han ocurrido. Ya con anterioridad un gran jurado en el estado de Pensilvania había documentado siete décadas de abusos, mientras que poco antes la Conferencia Episcopal chilena había publicado sentencias contra 17 sacerdotes por iguales delitos. Las numerosas denuncias y graves condenas compelieron al papa Francisco a convocar una reunión en el Vaticano para ‘la protección de menores en la Iglesia', a la cual asistieron 200 presidentes de conferencias episcopales, representantes de iglesias orientales y líderes de órdenes religiosas.

Antes ese auditorio, víctimas de diferentes continentes describieron sus crudas experiencias y se conocieron abusos contra seminaristas, novicias forzadas a abortar, jóvenes laicas en situación de servidumbre sexual, monaguillos. Todos los casos ocurrieron gracias al poder del ‘clericalismo' y de un código de silencio y de negación, que impidió a los fieles conocer tales aberraciones y permitir a los violadores permanecer en la Iglesia.

La reunión de Roma concluyó en que ‘el silencio es inadmisible' y que enfrentar los hechos haría libre a la Iglesia. ‘Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos', señalaba Francisco, por vez primera, en una valiente declaración pública.

El asunto no es fácil; ha motivado diversas reacciones de elementos conservadores y de grupos progresistas dentro de la Iglesia, y de detractores de fuera. Tratándose de un cúmulo de culturas diferentes, el papa no puede imponer cambios inmediatos en una institución que, aunque sea considerada una monarquía, debe atender todas las idiosincrasias de la humanidad antes de poder introducir lineamientos específicos de inmediato cumplimiento. Por ejemplo, en la cultura árabe denunciar a un cura pederasta implicaría condenarlo a muerte por la justicia ordinaria; en una nación centroafricana, destrozada por guerras internas, un obispo, cuya propia vida esté constantemente en peligro, no está en capacidad para imponer reglas inflexibles para prevenir abusos; Irlanda es fiel defensora de las víctimas, pero Italia no les presta suficiente atención.

La Cumbre de Roma no pretendía promover una revolución inmediata en la Iglesia, sino convencer a los obispos y otros jerarcas sobre el manejo responsable de los abusos, con rendición de cuentas, transparencia y reconociendo abiertamente que el fenómeno ha mermado la credibilidad de la Iglesia, alejado fieles y manchado la reputación de tantos sacerdotes, obispos, cardenales y hasta papas, que son leales a su apostolado y de una moralidad intachable.

La apertura del papa da margen a teorías extremistas sobre la homosexualidad de sacerdotes y religiosas. Pero esas elucubraciones no enfocan correctamente el verdadero problema, que no es la preferencia sexual del individuo, sino el abuso de esa preferencia. El abuso es aborrecible per se independientemente de la preferencia sexual. La homosexualidad, el abuso y la pederastia no están confinados al catolicismo; existe en organizaciones gubernamentales, deportivas, artísticas, empresariales, educativas, militares, otras denominaciones religiosas, etcétera. Deben ser ubicados en su debida perspectiva para evitar una temeraria cacería de brujas centrada en la búsqueda de clérigos homosexuales, sin atender el dilema real que no es otro que el abuso sexual donde ocurra. Cuando hay clérigos que son servidores ejemplares de la Iglesia católica, toca a los fieles respaldar el llamado de Francisco y vigilar la transparencia que exige.

EXDIPUTADA