La fiebre no está en la sábana

Las denuncias sobre las irregularidades y abusos ocurridos en algunas instituciones de protección (mal llamados albergues) del país, dedicados al cuidado de la niñez y la adolescencia, debe invitar a reflexiones serias sobre: a. el abandono que el Estado, entendido como sociedad, ha tenido con respecto a la atención de la niñez y la adolescencia, seres humanos en su etapa formativa; b. la evasión de una responsabilidad irrenunciable de los gobiernos ante este tema; y c. la carencia de una Política de Estado, dirigida a la familia y la niñez, que no esté sujeta a los vaivenes de los cambios quinquenales de gobierno.

Durante los últimos seis lustros, la tendencia de los gobiernos panameños ha sido la de reducir gradualmente los recursos dedicados a la atención de personas menores de edad. Si bien, el cuidado institucional no es la opción ideal, lo cierto es que, se han ido adoptando algunas de las modalidades de antes de los años 60, como el dejar casi absolutamente la responsabilidad en la atención de niños, niñas y adolescentes a las iglesias y a las organizaciones de la sociedad civil. Si bien dentro de las ONGs, hay algunas de mucho prestigio y experiencia, otras no parecieran llenar los requisitos, lo que ha dado lugar a la atención negligente y abusiva de menores de edad. Agrava la situación, los altibajos en el compromiso de los gobiernos, como representantes de la sociedad, en velar por la protección de sus integrantes, en especial de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad y en etapas cruciales como la niñez y la adolescencia.

Usualmente cuando este tipo de denuncias explota es porque el problema ha venido incubándose por muchos años, por lo que no sería de extrañar que estos problemas tengan más de una década de estar ocurriendo. La literatura sobre estos temas permite observar un proceso nada sencillo, que toma bastante tiempo, el cual intentamos resumir a continuación:

Las víctimas de abuso o no son del todo conscientes o están muertas de miedo, por las amenazas que los agresores les han hecho. Llegado un momento, la situación es tan aterradora que la víctima expresa lo que está pasando, ante alguien de confianza, que usualmente es un educador que le da clases. Las víctimas se enfrentan, entonces, a respuestas diversas de los que tienen que responder por la situación: algunas demeritan el hecho, otras lo niegan o lo que es peor, las inculpan, produciéndose una doble victimización. Estas reacciones ocurren porque quiere evitarse un escándalo y prefieren encubrir a los agresores, o también porque no quieren enfrentarse a los procesos legales que comprometen al funcionario que denuncia. Mientras tanto, el abuso continúa y las víctimas siguen sufriendo. Hay negación de la realidad y otras veces claro encubrimiento. Cuando el problema comienza a hacer ola y a difundirse por la estructura informal de comunicaciones, se trata entonces de ocultar, de minimizar e incluso de hacer renunciar o trasladar a funcionarios que quieren enfrentarlo. Llegado el momento, la situación se sale de control, particularmente cuando se ha recurrido a alguna autoridad que pueda tener incidencia y es entonces cuando explota el volcán. El proceso no termina allí, vienen los debates y las maniobras sobre el cómo será enfrentado el problema por las partes involucradas, qué intereses están afectados y cuál es el nivel de incidencia e influencia de determinados actores para minimizar el impacto y desviar la atención de la ciudadanía o para dilatar el proceso hasta que pierda interés público o para encarar con seriedad el problema.

La visión para afrontar la situación actual requiere ser holística y de Política de Estado. Por eso la fiebre no está en la sábana. La situación ocurrida es el resultado de un cambio en el modelo de dirección de los gobiernos y los altibajos en el abordaje de la política social de cada quinquenio, así como del deterioro que ha tenido la familia panameña, en razón de que no cuenta con los suficientes recursos, orientación y apoyo para cumplir con sus funciones y se ve impelida a recurrir a los mal llamados albergues. Por lo tanto, la situación involucra a muchos actores: las instituciones gubernamentales como lo son: el MIDES, en su calidad de rector de la política social, y por supuesto al Senniaf y su Junta Directiva, como responsable directo, pero también a los Tribunales de Niñez y Adolescencia, así como los de Familia, a las comisiones especializadas de la Asamblea de Diputados, a los centros educativos, así como a las distintas organizaciones que administran instituciones de protección, a los familiares de los usuarios de dichas instituciones, a profesionales del desarrollo humano, en especial, trabajadores sociales y psicólogos y a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, relacionadas con la niñez y la adolescencia, incluyendo las organizaciones internacionales como UNICEF, el BID y el PNUD, entre otras, así como la Academia, a través de sus observatorios y sus facultades e institutos.

Los comportamientos inadecuados ante la covid-19 han puesto de manifiesto que no hay disciplina, ni respeto a las normas y a las autoridades, por parte de importantes sectores de la población, especialmente de adolescentes y jóvenes, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. La atención familiar no puede restringirse, por lo tanto, a suplir las necesidades de subsistencia. Si bien estas son vitales, no puede soslayarse que es en la familia donde se forjan los valores, cuyo deterioro en la sociedad panameña es evidente. Por ello, reiteramos que el tema es sistémico y que las acciones no pueden limitarse a buscar y castigar a los culpables, lo cual es fundamental. No obstante, de no tomarse correctivos más enérgicos y de amplia cobertura, en poco tiempo se volverá a enfrentar problemas similares.

Todavía este asunto es más preocupante cuando en las redes sociales se enfoca el ataque a determinadas personas, desviando la atención del problema central. Estamos frente a un tema muy complejo de muchas aristas, que tiene una trayectoria histórica y que, por lo tanto, atañe a varios gobiernos. Por esta razón, el problema hay que abordarlo en su doble perspectiva: en el corto plazo, el tema de los abusos ocurridos en algunas de esas instituciones de protección, con toda la energía del caso, pero también en el largo plazo, la definición de medidas de carácter preventivo que no pueden seguir soslayándose. Por lo tanto, organizaciones y ciudadanos no pueden sentirse al margen de este asunto.

La definición de Políticas de Estado sobre esta materia, construida mediante procesos participativos facilitaría una visión compartida, de los actores de la política pública y honraría el compromiso del Estado Panameño señalado en la segunda meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

La ciudadanía debe seguir con atención los procesos que se están llevando a cabo y estar alerta para no dejarse atraer por los cantos de sirena. No basta con las investigaciones del Ministerio Público, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y participación ciudadana. Los abusos perpetrados no pueden quedar impunes, y hay que estar alerta ante las distracciones de chivos expiatorios que no tienen ni arte, ni parte en este asunto o cuya implicación no afecta las redes de poder. El daño infringido a las víctimas es criminal porque les dejará marcados para toda la vida, aun recibiendo las terapias apropiadas.

*La autora es Ph.D. en Política Social y Coordinadora del Observatorio para el Seguimiento de los ODS.