Cobre Panamá: operar para cerrar y dejar un legado

El Informe Final presentado al presidente José Raúl Mulino por los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro merece ser leído con detenimiento y sin prejuicios.

Los tres ministros, desde las distintas responsabilidades de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, han realizado un esfuerzo serio por colocar sobre la mesa hechos, costos, riesgos y alternativas frente a una realidad que Panamá no puede seguir postergando: Cobre Panamá existe. El tajo está allí. También los relaves, las instalaciones, las áreas intervenidas y obligaciones ambientales que deberán atenderse durante muchos años.

Corresponde reconocer y felicitar el trabajo realizado por la Comisión Interministerial. Corresponderá ahora al Presidente decidir sobre sus recomendaciones.

El informe parte de una realidad elemental: no hacer nada también es una decisión, y tiene consecuencias.

Cerrar una mina de esta dimensión no equivale a apagar una máquina y colocar un candado. Hay aguas que tratar, relaves que vigilar, estabilidad física que garantizar, áreas que restaurar y reforestar y un sitio que deberá ser monitoreado durante muchos años. La mina dejó de operar normalmente, pero sus responsabilidades ambientales no desaparecieron.

La alternativa planteada por la Comisión merece consideración: una puesta en marcha bajo condiciones completamente diferentes a las anteriores, orientada desde el primer día hacia un cierre progresivo, ordenado, autofinanciado y definitivo, con una fecha cierta de terminación y sin posibilidad de prórroga.

No se trata solamente de impedir que la huella territorial siga creciendo. Se trata de reducirla progresivamente, cerrando frentes, rehabilitando y reforestando áreas intervenidas mientras la propia operación genera los recursos necesarios para financiar ese proceso y su cierre final.

En otras palabras: operar para cerrar y restaurar. La mina debe pagar su propio cierre. Pero, además de pagar su cierre, debería dejar un legado.

El informe propone un mecanismo permanente al que se destinarían recursos para conservación, restauración ambiental, protección de parques nacionales y cuencas críticas, formación científica, becas y otras actividades vinculadas al desarrollo sostenible. El ministro Navarro ha planteado que ese fondo reciba al menos $100 millones anuales y que, además, genere rendimientos. Es una propuesta que merece respaldo. Pero podemos ir más lejos.

Un recurso mineral pertenece a la Nación y es, por definición, agotable. Si decidimos aprovecharlo durante el tiempo técnica y financieramente necesario para lograr un cierre responsable, una parte sustancial de los réditos que correspondan al Estado debería convertirse en patrimonio permanente para los panameños.

El primer compromiso debe ser con las comunidades directamente afectadas: Donoso, Omar Torrijos Herrera, La Pintada y demás áreas de influencia. Pero no basta transferir dinero. Necesitamos agua potable, saneamiento, salud, educación, conectividad, infraestructura, formación técnica, desarrollo de proveedores y nuevas actividades productivas, acompañados de capacidad institucional para transformar recursos en proyectos ejecutados y resultados verificables.

El verdadero éxito debería medirse también por una pregunta: cuando finalmente cierre la mina, ¿estará la región preparada para prosperar sin ella?

Para el resto del país propondría igualmente una regla clara. La renta extraordinaria proveniente de un recurso agotable no debería desaparecer en el gasto corriente. Parte debería transformarse en activos que permanezcan: un fondo patrimonial intergeneracional; ciencia, tecnología e innovación; formación de capital humano; infraestructura estratégica y productiva; y conservación ambiental.

Cada balboa proveniente de la operación debería tener trazabilidad pública hasta su destino final. Una riqueza que se extrae una sola vez del subsuelo no debería consumirse una sola vez en el presupuesto nacional. Queda, naturalmente, una cuestión jurídica fundamental.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 debe cumplirse integralmente. También debe respetarse la Ley 407, que estableció una moratoria al otorgamiento de nuevas concesiones para la minería metálica. Pero tan importante como respetar lo que la Corte decidió es no atribuirle al fallo aquello que no decidió. La sentencia declaró inconstitucional el régimen jurídico sometido a su consideración; no hizo desaparecer la realidad física y ambiental que quedó en el sitio ni resolvió cómo enfrentarla.

Por ello corresponde estudiar, con absoluto rigor jurídico, las alternativas que ofrece nuestro ordenamiento. El propio Código de Recursos Minerales contempla operaciones realizadas por cuenta de la Nación y la posibilidad de utilizar contratistas. Debe determinarse, junto con cualquier otra alternativa jurídicamente disponible, si esas disposiciones permiten estructurar una solución constitucional para esta situación particular.

Lo que no podemos hacer es reproducir bajo otro nombre aquello que jurídicamente no puede hacerse. Debe prevalecer la sustancia sobre la denominación. Si no habrá concesión minera ni contrato-ley, el instrumento que eventualmente se adopte deberá demostrar con claridad su fundamento legal y su plena compatibilidad con el fallo de la Corte y la Ley 407.

Panamá tiene ante sí la posibilidad de transformar una crisis que nos dividió profundamente en una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente: respetar la institucionalidad, proteger y restaurar el ambiente, beneficiar prioritariamente a las comunidades, recuperar actividad económica, resolver los arbitrajes pendientes y lograr que una riqueza finita produzca beneficios que la trasciendan. Algún día la mina cerrará. Cuando llegue ese momento, el éxito no debería consistir solamente en poder mostrar un sitio progresivamente restaurado y reforestado.

Deberíamos poder mostrar también comunidades transformadas y un patrimonio ambiental, humano, científico y económico que continúe produciendo beneficios para Panamá mucho después de haberse extraído la última tonelada de cobre.