Confiemos en el pueblo

En 1821, después de tres siglos del colonialismo español, por un acto de soberanía nació un nuevo estado; pero de efímera existencia por la decisión, también soberana, de unirnos, voluntariamente, al proyecto del Libertador. Durante los 82 años siguientes, hasta que el 3 de noviembre de 1903, cuando, también por otra decisión soberana, creamos la República de Panamá, hubo cinco intentos separatistas, que reafirmaron que en el Istmo existía y se consolidaba una vocación irrenunciable a la independencia nacional.

Las extraordinarias circunstancias en las cuales nació la república, sin ser de la pureza que algunos hubieran deseado y, hasta han criticado, para nada demeritan el acto de soberanía de 1903. Quienes lo gestaron y consumaron respondieron a las condiciones del momento. Fueron hombres de su tiempo y actuaron en consecuencia.

Nacimos como república gravados con una hipoteca, constitucionalizada en el artículo 136 de nuestra primera Carta Magna, que facultaba a la emergente potencia imperialista norteamericana, para intervenir en Panamá, prácticamente cuando y como le diera la gana. Liberarnos de esa hipoteca tomó casi 100 años. Durante ese período, nuestro pueblo, comenzando por el aldabonazo que dieron varios insignes patriotas al rechazar el tratado Hay-Bunau Varilla, progresiva y firmemente profundizó su sentido nacional y sus anhelos de absoluta independencia.

Hitos señeros de esa aspiración convertida en religión nacional fueron la firma del tratado Roosevelt-Arias, de 1936, que anuló el artículo 136; el rechazo del convenio Filós-Hines, en 1947; la gloriosa gesta del 9 de enero de 1964; el rechazo de los tratados 3 en 1, en 1965; y la negociación y firma, ampliamente apoyada por el pueblo, sin cuyo concurso no hubieran sido posibles, de los tratados Torrijos-Carter de 1977.

Pero también, durante ese período de consolidación de la identidad nacional, hubo épocas oscuras y retrocesos. La incipiente democracia formal, que nació con la Constitución de 1946 sufrió graves reveses. Regímenes de fuerza, basados en la preeminencia de los cuarteles, especialmente durante el decenio de los ochentas, estancaron y revirtieron los pocos avances hechos para construir una sociedad democrática y justa.

En 1989, a la caída de la dictadura, éramos una nación lastrada por una profunda crisis económica. El Producto Interior Bruto (PIB) descendió a cifras negativas cercanas al 20%. Pero al cabo de 10 años manteníamos promedios de crecimiento cercanos al 10 %. El restablecimiento de la democracia formal electoral fue un factor decisivo; pero más lo fue la resiliencia de un pueblo que a lo largo de nuestra historia ha demostrado ser capaz de enfrentar y superar los retos más demandantes.

Desde el restablecimiento de la democracia formal electoral, reconquistada por el pueblo en 1989, hemos sido partícipes y testigos de 6 procesos electorales. En todos se contaron los votos y resultaron electos los gobernantes que, de acuerdo a las normas bajo las cuales se realizaron, “las ganaron”; pero han sido notables las diferencias de los porcentajes que lograron.

Para las elecciones de 1989, en las que el pueblo, con su militancia y determinación selló la tumba de la dictadura, se registró el más alto porcentaje de apoyo que haya recibido candidato alguno en nuestra historia electoral. Guillermo Endara recibió casi 3 de cada 4 votos depositados, o sea, cerca del 75 %. En orden descendente, los porcentajes de votos recibidos por los ganadores de las elecciones han sido los siguientes: Ricardo Martinelli, 62 %, 2009; Martín Torrijos, 47 %, 2004; Mireya Moscoso, 42 %, 1999; Juan Carlos Varela, 38 %, 2014; E. Pérez Balladares, 32 %, 1994; Laurentino Cortizo, 33.6 %, 2019.

El próximo 5 de mayo podremos escoger entre 8 candidaturas, desde luego, con muy diferentes opciones de triunfar; pero teóricamente, una de ellas podría ganar con el 25 %, y hasta menos, de los votos válidos, lo que, en términos reales, equivaldría a una representatividad de un escaso 20 %, que se traduciría en una muy mermada capacidad para gobernar con efectividad, que se acentuaría, cuanto más heterogénea sea la composición de la Asamblea Nacional.

El próximo gobierno será tan efectivo como sea su representatividad, que dependerá, exclusivamente, de la decisión de nosotros, los electores. Con nuestro voto podremos darle al país un gobierno representativo y, en consecuencia, más efectivo o profundizar la actual crisis de gobernabilidad. Para evitar que lo último ocurra, en nosotros, los votantes, radica la responsabilidad. Primero debemos decidir cuál de las candidaturas es la que más convendría al país y, segundo, una vez que tomemos esa decisión, asegurarnos de que pueda contar con una bancada legislativa afín, que, en lugar de obstaculizarla, coadyuve a la gestión del futuro Órgano Ejecutivo.

Las elecciones del 5 de mayo serán cruciales. El futuro que transitará la nación durante el quinquenio constitucional 2024-2029 lo decidiremos todos. Nuestro pueblo, depositario y titular de una fe inquebrantable, siempre se ha elevado por encima de sus retos y, al igual que ha superado todos los anteriores, también superará el presente, con buen juicio y sentido patriótico. ¡Confiemos en él!