El canal ampliado: Promesas vs. realidad

En 2006, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó al país un proyecto de ampliación que parecía perfecto. Se nos aseguró que estaba todo meticulosamente calculado, sin margen de error. La iniciativa fue defendida contra cualquier crítica, apoyada por una intensa campaña de propaganda en medios de comunicación, con anuncios que ocupaban páginas enteras en los periódicos y cobertura plena en radio y televisión. Este proyecto se vendió como un emblema nacional, impregnado de un fervor patriótico que pocos osaron cuestionar. Prometía inyectar al menos cinco mil millones de dólares en la economía panameña, convirtiéndose en la joya de la corona tanto para políticos ávidos de éxito económico como para el prestigio de los funcionarios de la ACP.

Sin embargo, este aparente consenso no fue unánime. Un pequeño grupo de profesionales y patriotas expresaron sus dudas sobre ciertos aspectos del proyecto que permanecían ambiguos, dejando un sinfín de preguntas sin responder. La mayoría de la población, confiando en la reputación de la ACP, aceptó sin mucha resistencia las promesas presentadas. La veracidad de la “propuesta de ampliación” era difícil de verificar, dejando en el aire la pregunta de cuánto sabían realmente los funcionarios involucrados sobre el proyecto en su totalidad. Parecía más un producto de rompecabezas de la burocracia interna y la astucia externa que un plan cohesivo.

En 2006, la ACP divulgó en su sitio web estudios diversos y una docena sobre la cantidad y calidad del agua en función del canal ampliado, y sobre la salinización potencial de las aguas del canal, realizados por varias consultoras de renombre. Estos informes anticipaban problemas significativos y costosos asociados con la operación de las nuevas esclusas, destacando el riesgo de salinización como un desafío serio y difícil de mitigar. A pesar de las advertencias, la ACP eligió seguir adelante, optando por un enfoque de esperanza más que por uno basado en el principio precautorio.

Cuando se presentó el proyecto para su aprobación en el referéndum de octubre de 2006, se hizo bajo una premura que omitió estudios específicos y necesarios para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del diseño propuesto. Esto sugiere que, detrás de las decisiones tomadas, había intereses no completamente transparentes.

Los problemas actuales, como la escasez de agua para las esclusas y la intensificación de la salinización en los lagos Gatún y Miraflores, son el resultado de una serie de malas decisiones. Traer agua de otras cuencas no resuelve el problema de fondo y la contaminación existente necesita ser abordada de manera efectiva, cumpliendo con los compromisos legales de la ACP. Urge restaurar la calidad del agua del lago Gatún.

Es imperativo que el Estado promueva un debate abierto y lleve a cabo una investigación independiente para evaluar con precisión el impacto ambiental de las nuevas esclusas y definir las acciones correctivas que la ACP debe implementar para mitigar los daños al ecosistema acuático del canal.

La urgencia de actuar es crítica si queremos evitar consecuencias ecológicas, ambientales y económicas aún más graves. La problemática que enfrentamos desde la inauguración de las nuevas esclusas solo ha empeorado, y aún no hemos visto su peor fase. Es momento de exigir responsabilidades y buscar soluciones sostenibles para preservar este recurso vital para Panamá y el mundo.