El copago clandestino (II)

Volvamos a la farmacia. La mujer entrega la tarjeta. El dependiente procesa el pago. La operación dura segundos. En ese instante el Estado descarga una obligación. La familia adquiere otra. Ninguna calificadora registra el intercambio.

El relato del paso firme dice que la casa se está ordenando, pero no ordena el gasto en publicidad y lujos del gabinete. La deuda pesa. Los intereses consumen recursos. El déficit limita decisiones. La confianza internacional influye en el costo del financiamiento. Nada de eso debe negarse.

La Ley 462 reformó la Caja de Seguro Social en 2025. Moody’s consideró esa reforma crítica para conservar el grado de inversión. Panamá permanece en Baa3 con perspectiva negativa. El problema no está en cuidar la deuda. Está en presentar el ahorro fiscal sin sumar el costo que viaja hacia los hogares.

Una deuda pública tiene tasa. Tiene plazo. Tiene moneda. Tiene vencimientos. La deuda privada del enfermo tiene tarjeta o gota a gota. Tiene préstamo familiar. Tiene ahorros agotados. Tiene tratamientos aplazados. Tiene una gravedad que no cabe en una hoja de cálculo fiscal. Por eso el copago de facto debe medirse. Cuánto gastaron los pacientes en medicamentos agotados. Cuánto pagaron por análisis demorados. Cuánto desembolsaron por insumos ausentes. Cuánto dejaron de comprar para costear aquello que el sistema debía entregar. La austeridad acumula efectos. Primero recorta. Después demora. Después desabastece. Después obliga a comprar. Después convierte la compra forzada en ganancia privada. Después pide paciencia al mismo ciudadano que ya pagó tres veces.

La relación entre funcionarios, asesores y proveedores exige un nivel superior de escrutinio. No basta con afirmar que un vínculo terminó. Hay que publicar declaraciones de intereses, beneficiarios finales, evaluaciones, abstenciones y auditorías. Hay que demostrar que ninguna decisión favorece al antiguo socio, al aliado o al accionista cercano al poder.

Panamá cuenta con una autoridad encargada de verificar declaraciones juradas de intereses y determinar conflictos potenciales o actuales. Ese mecanismo debe actuar antes del escándalo y no después. La licitación o contratación directa mueve millones. La escasez vuelve urgente las compras. La urgencia reduce tiempos. La reducción de tiempos aumenta riesgos. La transparencia debe crecer en la misma proporción.

Ahora regresemos a Lehman y a Grecia. El error no fue intentar sanear las finanzas. El error fue olvidar que una nación no es un balance. Una cifra puede mejorar mientras un paciente empeora. Una tasa puede bajar mientras una familia se endeuda. Una calificadora puede ver disciplina mientras una farmacia registra otra venta causada por una falla pública.

Panamá necesita controlar su deuda. También necesita abastecer hospitales. Necesita comprar mejor. Necesita vigilar los conflictos. Necesita impedir que el ahorro oficial se convierta en gasto obligatorio para el ciudadano. Necesita reconocer que el copago de facto existe aunque nadie lo haya aprobado.

Al final la mujer guarda el recibo. Moody’s no lo calificará. El MEF no lo contará como deuda pública. El hospital no lo registrará como medicamento entregado. Sin embargo, allí está. Es la deuda del panameño con sed de revancha. Para encontrarla no hay que viajar a Wall Street. Basta con salir del hospital y mirar la factura.