¿Hidroeléctricas?

Las hidroeléctricas no contaminan, sin embargo, son rechazadas por los comunidades de las cercanías de los ríos, pues al construirse los embalses, temen perder sus residencias, sus fincas, en fin, su único modo de subsistencia con su implementación.

Si las hidroeléctricas fueran construidas en parajes solitarios no habría problemas, pero en sus alrededores viven cientos de campesinos indígenas, campesinos latinos y afros, es decir, pequeños productores de la tierra. ¿Dónde serían reubicados? ¿En los anillos de miseria que rodean nuestras ciudades?

El año pasado se fue implementando el proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la región de Changuinola (Bocas del Toro), a pesar de las protestas de los grupos originarios. Este proyecto ubicado en la cabecera del Río Changuinola (litoral del Atlántico) fue aprobado por el gobierno de Martín Torrijos en el 2005. Implicó inundar 750 hectáreas de tierras y reubicar cerca de mil personas.

A mediados del 2011 cientos de familias se habían mudado, pero otras permanecían en sus propiedades y negociaban su reubicación. La empresa p romotora, Hidroteribe (concesionaria de AES Changuinola) y el gobierno nacional, implementaron algunas medidas de mitigación y prometieron otras, pero Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que las compuertas de la presa se habían cerrado, que el nivel de agua ya había empezado a subir y temían que la vida, la seguridad y el sustento de las familias que permanecían en sus hogares pudieran correr peligro si la inundación comenzaba antes de que hubieran sido reasentadas sanas y salvas.

Algo parecido sucedió en la década de 1970 cuando se inundaron 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano para construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz en el oriente de la provincia de Panamá. Los estudios para hacer esta hidroeléctrica se comenzaron a hacer en los años 60 del siglo XX. En ese entonces, en el valle del Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de las provincias de Herrera y Los Santos.

En 1974, durante la dictadura militar del general Omar Torrijos, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción, éste viajó a Ikantí para reunirse con los sailas gunas y explicarles el proyecto. La represa se concluyó en 1976 desapareciendo siete comunidades.

La misma táctica que utilizó el general Torrijos para hacer salir a los indígenas y colonos de sus territorios, se empleó el año pasado para hacer salir a los ngäbes del proyecto Chan 75.

Torrijos no pudo convencer a los indígenas ni a los colonos y varias comunidades del valle del Bayano nunca llegaron a un entendimiento, pero terminaron por irse, contra su voluntad. La propaganda del gobierno de Torrijos decía que la represa iba a desarrollar el área Este de Panamá y ofreció indemnizaciones que nunca cumplió. Hoy, aquellas comunidades afectadas siguen siendo tan pobres como antes.

Al igual que sucedió cuando la dictadura militar de Torrijos, el pasado 22 de mayo de 2011 la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas y el embalse empezó a llenarse. Nos imaginamos lo que sucedió con aquellas familias que se negaban a salir de sus propiedades. Los funcionarios de AES exigían a los ngäbes, dueños por derecho histórico de esas tierras, que presentaran ‘facturas’ que demostraran que tenían ‘título de propiedad’. ¡Qué ironía!

El 25 de octubre de 2007 el pequeño de 8 meses, de Oneida Lasso, de 19 años, casi muere asfixiado por los gases lacrimógenos arrojados por unidades de control de multitudes para abrir la vía Panamericana cerca del puente del río Bayano, en Chepo (ver diarios de esa época). Oneida y otros 250 indígenas de la Comarca Guna de Madugandí bloquearon la calle, por segunda vez, exigiendo el pago de las indemnizaciones que les adeuda el Estado panameño desde los años ‘70.

EDUCADOR