El derecho a un ambiente sano (I)

¡Indiscutible! Pues teniendo un ambiente sano es posible ejercer cualquier derecho, fundamentalmente el derecho a la vida. Es decir, si todas las personas tienen derecho a la libertad y a la igualdad, disfrutando de satisfactorias condiciones de vida, entonces, es ineludible garantizarles un medio ambiente sano cuya calidad les permita vivir en bienestar y dignamente.

Según la legislación panameña, el ambiente es un ‘conjunto de elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones '. (Ley 41 del 1 de julio de 1998, General del Ambiente).

En el Título III de la Constitución, se señala que todos tenemos Derechos y Deberes de carácter Individual y Social y, en particular, aquellos derechos establecidos en el Régimen Ecológico Panameño que, entre otras cosas, tratan sobre el deber fundamental del Estado de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

Mas, las condiciones de vida en Panamá (y en toda Latinoamérica), son lejanas a las condiciones dignas medioambientales reconocidas legalmente por el Estado. A través de proyectos de generación de energía, de extracción minera, comerciales de infraestructura y habitacionales, hoy por hoy, las tierras están siendo explotadas en forma intensiva hasta agotarlas. Cuando ya carentes de recursos y espacios naturales, los ciudadanos migran a zonas urbanizadas, inestables y/o contaminadas.

Entonces, en un país como Panamá, ¿quién controla las condiciones propicias para mantener un medio ambiente sano? Si bien todos los ciudadanos tenemos deberes con el ambiente, la mayor parte de esta responsabilidad, sin temor a equivocarnos, está en la élite económica; es decir, los altos dirigentes de las más grandes empresas, que personifican la clase dominante en nuestra sociedad y que gestionan los proyectos con impacto ambiental que se desarrollan en nuestro territorio.

La normativa ambiental es percibida por muchos dirigentes empresariales como perjudicial, pues frena la inversión en sectores claves para la economía. Sin embargo, todo proyecto comercial de desarrollo, con impacto ambiental en áreas definidas, que se lleve a cabo en Panamá, se justifica por su porvenir económicamente exitoso y se le vende al pueblo como la más rápida promesa económica de empleo. Esto, lejos de ser mal visto, se vende muy bien ante los ojos de la mayoría de los panameños. Sigue mañana...

BIÓLOGO Y EDUCADOR AMBIENTAL (M.SC.).