La luz no llega, pero los precios suben

Las acciones del gobierno y la patronal están circunscritas a elevar los precios de los bienes y servicios básicos, negando la satisfacción de las necesidades básicas de las familias. En este momento se plantea el incremento de la tarifa eléctrica entre un 2% a 15%, siendo este junto con el combustible (al cual se eliminó el subsidio) uno de los impulsadores del aumento generalizado de los precios.

No sorprende a los panameños que los beneficiarios de la política antipopular del gobierno sean los que dan a conocer la medida, es decir, antes que el ente gubernamental, en este caso la ASEP. Como dicen miles de panameños, esta institución protege los intereses de las empresas y no de los consumidores, prueba de ello las denuncias que se han realizado por años contra el pésimo servicio que brindan las empresas distribuidoras (apagones constantes, baja de fluctuaciones, luminarias que no funcionan, postes del servicio a punto de caer, entre otras).

La distribución de energía en Panamá tiene un carácter cercano a un monopolio. Una sola empresa brinda el servicio, así ENSA abarca el 41% de los clientes del país con distribución en Panamá, Darién, Colón y las Islas del Pacífico; EDECHI (Naturgy) comprende el 14% de los usuarios atendiendo Chiriquí y Bocas del Toro; EDEMET (Naturgy) abarca el 45% de los usuarios y cubre las provincias centrales y una parte de Panamá.

SITIESPA en su comunicado ha denunciado que el subsidio (Fondo de Estabilización Tarifaria, FET) somete al país a pagar tarifas excesivas, pues, el gobierno debe garantizar a estas empresas las máximas ganancias a las que aspiran. Los únicos ganadores de altas tarifas son las empresas de distribución eléctrica. ¿A qué se debe los aumentos? Al monopolio de las concesiones a empresas eléctricas de distribución que les permite imponer las tarifas; oligopolio en las empresas de generación, empresas que no están reguladas; la politiquería inmersa en las instituciones gubernamentales que ven lo referente a transmisión, que no garantiza los derechos de la población. En materia de política energética (generación, distribución y transmisión) no se consulta a la población, no hay discusión pública, La secretaria General de Energía en torno a los anteproyectos de reformar las normativas, consulta a los responsables de la crisis, de las altas tarifas favoreciendo, prevaleciendo los intereses empresariales.

Como siempre el pueblo humilde y trabajador, los sectores profesionales, las micro y pequeñas empresas son quienes cargaran con el aumento. A pesar de que plantean que quienes consumen 300 KWh o menos no se verán afectados, en la práctica ello no es cierto, dado que los empresarios trasladan el aumento a los precios de los alimentos y otros bienes y servicios, además los subsidios que se otorgan para favorecer no a las familias, sino a la estructura monopólica la pagamos los trabajadores con nuestros impuestos. Con ello se ocultan los altos precios, se coarta la posibilidad de vivir en confort dada las altas tarifas.

Esta subida de la luz tiene efectos directos e indirectos sobre la economía y la población. De esta manera, observamos el impacto, principalmente sobre los individuos, el incremento de la factura eléctrica afecta directamente su bolsillo, y, por lo tanto, su capacidad de consumo.

Como se sabe la brecha entre costo de vida y salario es profunda, ningún salario mínimo cubre la canasta ampliada familiar dado su costo. Esta oleada de incrementos de los precios reduce aún más el poder adquisitivo de los panameños.

Hasta ahora, el modelo energético panameño se ha correspondido con los intereses de los grupos de poder económico que sustentan la partidocracia, en asocio con las grandes corporaciones internacionales. Desde CONUSI hemos impulsado la necesidad de una política energética que sirva al desarrollo de las fuerzas productivas para impulsar un desarrollo sostenible, que responda a los intereses de la mayoría del pueblo panameño, respetuoso de los ecosistemas y forjador-fortalecedor de nuestra soberanía.