• 06/02/2023 00:00

Las mineras, el nuevo Odebrecht en Panamá

“Las siguientes elecciones serán el reflejo repetitivo de las anteriores, imponiéndose el Estado clientelar”

Desde el período militar hubo una fuerte corriente por la explotación minera sobre el área de cerro Colorado, con grandes yacimientos de cobre, por factores del mercado de capitales extranjeros. A la muerte del general Torrijos, la empresa minera, fundada para tal fin, cesó, desistiendo de ese proyecto, hoy cerro Colorado es área comarcal protegida.

Establecido el nuevo período civilista en 1997, el entonces presidente, Ernesto Pérez-Balladares, impulsa en la Asamblea Legislativa una concesión minera para que Richard Glenn Fifer Carles iniciara la explotación, que puerilmente Pérez-Balladares atribuye como exploratoria, los legisladores, con ánimos de participación en la incipiente corrupta negociación, también entraron en el negocio, con sendos contratos como los de los camiones transportadores de tierra y materiales.

Evidentemente, nunca hubo exploración alguna, simplemente se inició la explotación de los minerales, siendo estos, no solo el cobre, sino oro, molibdeno, sulfuro de plomo, plata y zinc. Hoy día, la minera establecida en Colón también explota los ríos adyacentes para generar electricidad. Esta actividad despertó en los acaparadores de riquezas su clásico interés desenfrenado por la explotación, que, valga la redundancia, también explota millones de dólares de ganancias, a costa de la destrucción de la biodiversidad con pruebas fehacientes del desastre ecológico y humano que produce esta actividad de la muerte.

Sacado del negocio Fifer Carles, con sendos recursos judiciales en el período pasado, ya la Minera promovía candidatos a puestos de elección y logran el nombramiento en el Gobierno de Varela de posicionar a su copartidario como ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, además de promover nuestros corregimientos donde solo existe poca población para tener el control político del área para provecho de sus actividades y no encontrar oposición al desenfreno de sus proyectos mineros.

Una de las tesis de los defensores de esta letal actividad es la protección de la mano de obra, que, en su mayoría, es filipina, que poco inyectan a la economía nacional, además de que se hicieron de sindicatos amarillos apoyados por el entonces ministro de Trabajo, Luis E. Carles, hoy diputado minero, menoscabando el empleo puro a nacionales y deslegitimando la sindicación laboral.

El actual Gobierno del presidente Cortizo, anunciaba grandemente en marzo de 2022, el rescate del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social con el 50 % de la extracción de cobre, cuya cifra sería de B/190.00 millones, con Minera Panamá, S.A., acuerdo que a la fecha no se ha cumplido. Las relaciones con las mineras en nuestro país y los actuales miembros del Gobierno nacional involucran al vicepresidente Carrizo, quien proviene de ese sector, conjuntamente con otros personeros de Gobierno, quienes a su vez están ligados a firmas de abogados.

Hoy, desde una falsa posición nacionalista, el Gobierno nacional hace alarde de exigir se cumpla con los acuerdos y pagos de regalías dejados de percibir por el Estado, todo en francas demandas judiciales, solo con el interés de traspasar la explotación a empresarios inescrupulosos que esperan su entrada al genocida negocio de la minería.

No cabe duda de que con esta simbiosis de funcionarios y privados continuará esta mortal actividad. El relevo de la delincuencial constructora Odebrecht, trabajó paralelamente con las mineras, hoy son las que, con sus capitales, irrumpen las instituciones tan vorazmente como la corrupta constructora para beneficio propio con sus donaciones privadas para los cargos de elección popular, todos estos hechos con el conocimiento del árbitro legal, es decir el Tribunal Electoral.

Las siguientes elecciones serán el reflejo repetitivo de las anteriores, imponiéndose el Estado clientelar. Por tanto, insistimos en nuestra propuesta orgánica del Movimiento Independiente Nacionalista (MINA) en formalizar el Foro Constitucional Electoral para adecentar el sistema y cerrarle las puertas a los donantes corruptos. ¡Acción!

Ciudadano independiente.
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