Panama Ports: ¿caso cerrado?

Supe de Arnold & Porter (A&P) en la década de los 80, cuando la firma cooperaba en la promoción de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). En aquella ocasión, A&P ofrecía sus servicios para que los países cumplieran con las normas legales y procedimentales para beneficiarse de aquel programa. Desde entonces, como parte de una lista de bufetes internacionales, diferentes Gobiernos han utilizado los servicios de A&P en sus relaciones comerciales con otros países; para obtener nuevos financiamientos; y para atender demandas de terceros contra el Estado. Dicho de otra manera, servicios jurídicos en beneficio de los mejores intereses de la nación panameña.

Recientemente, A&P fue contratada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), o por el Gobierno de la República de Panamá, para emitir una opinión legal sobre la renovación “automática” del contrato existente con la empresa Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el fin de que sus conclusiones sustentaran la decisión de la AMP de prorrogar o rescindir dicho contrato.

Contrario a lo que comentan algunos alabarderos de PPC, he leído el contrato existente entre las partes y he objetado desde un inicio la pretensión de la empresa y del Gobierno actual de continuar el contrato original bajo los mismos términos y condiciones. Sin embargo, quienes hoy se rasgan las vestiduras aludiendo la necesidad de preservar la seguridad jurídica en nuestro país, olvidan por conveniencia la negociación de Panamá con EUA para recuperar su soberanía en todo su territorio, que llevó a la eliminación de la Zona del Canal y a la administración del Canal de Panamá. ¿Qué mayor seguridad jurídica, argumentaron algunos en su momento, que el tratado de 1903?

Más allá de santificar la seguridad jurídica, manto con el cual quieren arropar y proteger la relación desigual que emana del contrato aludido, como en el Hay-Bunau Varilla, baso mi opinión en la necesidad de ajustar los términos y condiciones a las realidades actuales, por considerar que mantener la situación original, proyectada hacia el futuro, sería un despropósito para el país y promovería una correlación insostenible, lesiva a nuestra dignidad como nación y como Estado anfitrión de la inversión extranjera.

La estrategia utilizada por el Gobierno y la empresa para justificar la concesión de PPC hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora. Inventarse un áudito para justificar supuestos cumplimientos de PPC al contrato; abocarse a una costosa campaña publicitaria para exaltar de manera exagerada y repetitiva las aparentes bondades y beneficios de PPC; y demeritar o soslayar la posición geográfica del país y la contribución del Canal de Panamá al sistema marítimo, los califica de cuerpo entero. Pena ajena, pero dolor propio como panameño.

Si A&P estaba limitada a preguntar a la Contraloría General de la República, hubiese esperado de ese bufete una posición más ética y no prestar su nombre para justificar lo que ya sabíamos, un interés decidido del Gobierno por renovar el contrato con PPC bajo los mismos términos y condiciones, sin importar los métodos o las consecuencias.

Preguntó A&P si PPC: (1) ¿ocupa todas las tierras y aguas del contrato para el propósito de sus operaciones portuarias?; (2) ¿puede PPC subarrendar las tierras y aguas que constituyen un exceso a sus necesidades para que terceros realicen actividades ajenas a sus operaciones portuarias?; (3) ¿está sujeta a revisión y ajuste periódico la estructura de beneficios económicos que recibe Panamá de esta concesión en función del valor de la posición geográfica y la valorización del entorno donde operan los puertos?; (4) ¿está PPC comprometida y alineada con el desarrollo marítimo del país, que incluye necesariamente la diversificación y la creación de nuevas cadenas de valor, con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país y que demanda la industria marítima mundial?

La poca transparencia con que el Gobierno ha manejado este asunto y su decisión final, de ir en contra de la opinión de expertos y conocedores del tema, solo sirven para abonar al sentimiento y a la percepción de muchos de que este Gobierno se caracteriza por tener funcionarios de pantalones muy cortos y bolsillos muy largos, en todo caso, sin correa. Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto, para los próximos 25 años, una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.