Los expedientes secretos contra la corrupción

Nosotros tenemos un problema con las leyes. Muchas están creadas para blindar los actos de corrupción. Pero también tenemos mucha desidia, mediocridad e ignorancia. Hay delitos que son complejos y requieren mucha experticia. Especialmente los delitos de corrupción y lavado de activos. Los delincuentes de cuello blanco buscan los mecanismos para esconder las coimas y los pagos debajo de la mesa. Los esconden a través de contratos, testaferros, familiares y amigos.

Así hay que seguirle la ruta del dinero y cuando el acto de pago de coimas se descubre siempre resulta la famosa frase: ‘Yo no he recibido ni un centavo de...'. Sí es cierto, ‘sinvergüenza', no lo recibiste tú, lo recibió tu mamá, tu hijo, tu papá, tu amigo, tu compinche que no es funcionario, tu capo, sí, ese que está en todas las jugadas y en todos los Gobiernos y además es un poderoso marqués del dinero.

Todo esto nos repugna y nos revuelve el estómago. Pero hay una realidad latente. Todos estos escapan de las garras de la justicia por dos razones: 1. un sistema de leyes y procedimientos creados para dejar suficientes huecos por donde escapar; 2. mediocridad manifiesta de los destinados a perseguir los delitos. ‘Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen'.

Tanta alharaca se ha formado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. A veces me da la sensación de que todo esto es provocado mediáticamente. El fallo se produce como producto de una investigación por el supuesto delito contra la administración de justicia en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública. Es el famoso caso de los radares que el Gobierno nacional adquirió de la firma Finmeccanica, oportunamente aprobado por resolución de Gabinete, pero donde se investiga solo a dos personas. Al ministro de Seguridad Pública y al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad.

La causa pareciera ser la compra de un equipo que no era lo que el país necesitaba, hecho este que se denuncia luego del cambio de Gobierno. Antes nadie protestó ni siquiera los directores del Servicio Aeronaval. Si era cierto, les faltó valor y no puedo creer que la seguridad del país se la entreguen a unos verdaderos cobardes. Al final, el país es primero, no el ministro ni el presidente. Si no funcionaba, debieron advertirlo al país. Pero no fue así, activaron su discurso luego del cambio de Gobierno.

Pero esta investigación, iniciada por el Ministerio Público por unos recorte de periódico de un diario de la localidad, tenía, de conformidad con la ley procesal, cuatro meses para completar sus investigaciones. No pudo concluirlo y para ello el Ministerio Público le solicitó al Juzgado Quinto de Circuito Penal una prórroga. El juez quinto de Circuito Penal le concedió una prórroga de ocho meses adicionales para concluir sus investigaciones. Es decir, un año completo.

Luego de este período debió concluir el sumario y remitirlo a la instancia judicial para su calificación legal con la vista fiscal correspondiente. Pero el Ministerio Público no hizo esto, desatendiendo la orden judicial, continuó realizando diligencias fuera del término de la prórroga otorgada por el juez penal, lo cual es una actuación anómala fuera del contexto de la legalidad.

Nada puede caminar fuera del debido proceso y es por ello que toda la actuación realizada fuera del término otorgado por la autoridad judicial no puede constituirse como parte del sumario. En el camino a esta rebeldía o extralimitación, el Órgano Ejecutivo selló su relación con el vendedor de los radares, hecho que fue aplaudido inclusive por el diario de los recortes que sirvieron para iniciar esta investigación.

En el camino, el Gobierno se quedó con varios radares. ¿Si no servían en realidad, qué ganaba quedándose con varios de ellos? Bueno, allí están y no sabemos a ciencia cierta si están en uso o terminarán como chatarra, pues ningún sistema de radar es efectivo por sí solo, si no es complementado con otros equipos y capacidad de reaccionar frente a un evento. Pero eso ya sería harina de otro costal.

ABOGADO