Hacer justicia con educación

P arece dudoso, a primera vista, asociar la justicia con la educación. Sin embargo, cuando se observa detenidamente ese complejo mundo, se muestra que una buena parte de las personas privadas de libertad en el país son jóvenes con estudios incompletos y que los menores que son custodiados en los centros de cumplimiento, abandonaron tempranamente la escuela. Igualmente, se puede encontrar una conexión entre el delito, la justicia y la educación, cuando se analiza la deprimente situación de un sistema penitenciario hipertrofiado con evidentes muestras de hacinamiento y huérfano de personal profesional responsable de su administración, custodia y programas de resocialización. Espacios penitenciarios más cerca de la promoción del crimen que del desarrollo humano.

Un amplio consenso mundial se ha logrado en torno al valor de la educación como el factor más decisivo para hacer retroceder la pobreza y el delito, y asegurar progreso económico, social y cultural sostenido de las naciones. La mejor arma con el menor costo no es la que porta la policía o la que ofrece la cárcel, es la prevención y nada mejor para lograrla que la buena educación que en todas las edades reciban la niñez y la juventud.

Cuando todas las personas, hombres y mujeres, de la ciudad, áreas indígenas y rurales, tienen acceso desde el preescolar a la educación media, a un sistema educativo que funcione regular y articuladamente con amplios y flexibles horarios dedicado a los aprendizajes, se crean menos oportunidades y estímulos para delinquir.

Se trata de un sistema con docentes bien formados, comprometidos y motivados, que trabajan en escuelas equipadas con recursos de aprendizaje modernos y suficientes, entornos estimulantes para aprender, escuelas guiadas por directores profesionales comprensivos de la necesidad de utilizar nuevas y efectivas estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje, de asesorar a su personal docente y asegurar un régimen de organización y orden del centro escolar. Un sistema que no excluya ni cree espacios para la repetición y la deserción escolar, que intensifique los aprendizajes de los contenidos fundamentales, así como de los valores, las artes y los deportes. Pues está comprobado que ninguna civilización existente admirada en el pasado o en el presente, ha evolucionado al margen de sus valores, el conocimiento, las artes y el deporte.

Un sistema que funcione en red, de modo que cubra todas las necesidades y demandas educativas de las personas en todas las edades; donde las escuelas pequeñas se integren con las medianas y grandes asegurando el flujo de estudiantes según los grados, años, niveles y necesidades de formación. Una cohesión que facilite el tránsito de la educación formal en la escuela, colegios y universidades a la no formal en talleres, laboratorios, empresas con apoyo del INADEH. Ello no implica leyes nuevas, lo que sí exige es menos aislamiento, más integración y coordinación entre los entes responsables guiados por una política y estrategia educativa eficaz.

Igual importancia tiene la educación en la recuperación humana para las personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Qué pasaría en este país si en lugar de tener jóvenes privados de libertad envejeciendo miserable y ociosamente, mientras purgan su pena o esperan su juicio (más del 60% se encuentran en esta condición), se les permitiera aprender un oficio para emprender lícitamente un negocio o prestar un servicio en un país que demanda crecientemente personal calificado para atender los requerimientos de las empresas?

¿Qué pasaría si en lugar de seguir acumulando seres humanos en celdas que carecen de los espacios, las condiciones de salubridad y de rehabilitación social, se les permite que una parte del tiempo de estos privados de libertad, que no son terroristas, narcotraficantes, violadores o ejecutores de asesinatos atroces, se destine a capacitarse o formarse en un oficio o profesión en la que demuestre aptitud y sea de interés para el país?

¿Cuánto puede debilitarse la justicia del país por cambiar días de prisión en cárceles o centros de cumplimiento, por días de dedicación al estudio en función de realizar una tarea productiva que enmiende la conducta de la persona y sirva a los propósitos del desarrollo nacional?

Si ya existe una normativa contenida en la Ley 25 del 1 de agosto de 2005, que ofrece descuentos de días de cárcel por días de estudio o trabajo, ¿porqué no aplicarla masivamente mediante programas acordados con los colegios, INADEH, universidades y otros centros de capacitación y formación, de modo que más personas se acojan a este precepto, logrando así que se descongestionen las cárceles y se resocialice de una vez por todas a estas personas para que sean útiles a ellas mismas, a su familia y al país?

¿Por qué no invertir los cuantiosos recursos financieros previstos para abrir nuevas cárceles, en el desarrollo de becas y programas educativos que sirvan para ofrecer una nueva respuesta a un viejo problema, cuyas soluciones reiteradamente aplicadas han demostrado resultados humanos y sociales contrarios a los esperados?

¿Por qué no se aprovechan las capacidades académicas de las universidades e institutos superiores del país para formar los custodios y administradores que el sistema penitenciario requiere y así ofrecer un servicio profesional de calidad donde prevalezca la docencia, la investigación y la resocialización sobre el castigo, la amenaza y el terror? Ya universidades como UDELAS ofrecen carreras vinculadas al desarrollo del sistema, para atender este requerimiento de manera científica y eficaz.

El país no debe esperar que ocurran nuevos incidentes para acometer la reflexión y las decisiones sobre la prevención del delito y la materia penitenciaria. Este es el momento de actuar para edificar la sociedad justa, pacífica y con progreso que nos merecemos.

*DOCENTE UNIVERSITARIO Y EX MINISTRO DE ESTADO.