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- 09/02/2017 01:03
Los diputados de la Comisión de Infraestructuras y Asuntos del Canal aprobaron citar a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que responda por el proyecto del puerto de Corozal y otras actividades realizadas por la institución.
La solicitud fue aprobada durante una cortesía de sala a los abogados Víctor Martínez y Guillermo Cochez, quienes plantearon una serie de inquietudes sobre las actividades que realiza la ACP.
El abogado Martínez, incluso, presentó, este martes, una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 del Reglamento para la fijación de peajes, tasas y derechos por el tránsito de Naves, los servicios conexos y actividades complementarias.
Martínez sustentó la demanda en que la ACP modificó el artículo 8 e incluyó la actividad portuaria como actividad complementaria, lo que viola la Constitución.
‘La Ley Orgánica de la Autoridad del Canal no define qué son las actividades complementarias',
VÍCTOR MARTÍNEZ
ABOGADO
Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal presentó el 27 de enero un recurso de inconstitucionalidad a la resolución que avala la construcción de la nueva terminal pacífica. Bernal le informó de este recurso al ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, quien envió el documento a la Corte Suprema de Justicia.
Los moradores de las zonas cercanas al puerto también hicieron llegar su rechazo al proyecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el viernes pasado.
Los afectados piden una nueva consulta ciudadana, esta vez bajo la observación del organismo de la OEA.
En cuanto al proceso de licitación, la ACP pospuso la presentación de las propuestas de las cuatro navieras precalificadas hasta el 17 de febrero. Los promotores del proyecto aseguran que la extensión fue consultada con los interesados en el proyecto, cuya inversión será de $600 millones durante la primera etapa.