La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
- 03/08/2026 17:16
Los abogados defensores solicitan que se apliquen medidas cautelares menos severas que la detención preventiva
Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Agrega La Estrella en Google ↗️La mañana de este lunes 3 de agosto arrancó la audiencia de apelación para 16 imputados en la Operación Pandora. La audiencia se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Fortuna.
Entre los imputados se encuentran funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados y representantes de sociedades que habrían sido utilizadas como intermediarias para recibir pagos por la venta de créditos fiscales presuntamente ilegítimos.
Por este caso han sido imputadas 18 personas, 15 de las cuales se mantienen bajo detención provisional.
Durante la audiencia, 8 de los imputados desistieron de su recurso de apelación.
Entre los que mantuvieron la apelación se encuentran funcionarias de la DGI cuyas defensas argumentaron que no se han presentado pruebas de su vinculación, detallando que las únicas evidencias de transferencias monetarias son Yappys de $3 y $5 para la compra de rosquitas de pan o un Yappy de $10.50 para la compra de un libro.
“Hay que ser objetivos, hay personas que están muy vinculadas y hay personas que tienen una vinculación carente”, advirtió el abogado defensor Omar Jaén, representante de Marggie Caballero.
“La investigación carece actualmente de técnicas especializadas de investigación como escucha telefónica, seguimiento y vigilancia, o agentes encubiertos, que son indispensables para poder tener una organización criminal organizada como se ha determinado. También carecen de elementos para determinar el tiempo en que se dan los supuestos pagos, no tienen los montos exactos ni el lugar”, acotó.
Los abogados defensores solicitan que se apliquen medidas cautelares menos severas que la detención preventiva.
El Ministerio Público argumentó que las analistas de la DGI eran responsables de revisar los trámites, señalando cómo algunas aprobaron los créditos fiscales.
Sobre la falta de evidencia de transferencias monetarias a las funcionarias, argumentaron que los pagos se habrían hecho en efectivo.
La teoría de la fiscalía se apoya fuertemente en las declaraciones de Eduardo Silvestre, exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, quien ha detallado cómo se hacían los pagos. Silvestre se mantiene en depósito domiciliario.
La audiencia terminó alrededor de las 5 de la tarde, cuando se declaró suspendida hasta el próximo martes a las 8:30 de la mañana.
Ahora le tocará al Ministerio Público argumentar su apelación contra la medida cautelar de depósito domiciliario de dos imputados, por quienes pide se decrete detención provisional.
Lo Nuevo
