Injusticia en el BDA

PANAMÁ. Una historia que involucra una demanda de siete millones de dólares, el despojo de unas 300 hectáreas y más de una década de pleitos legales mantiene enfrentados al Banco de Desarrollo Agropecuario, (BDA) y a un agricultor.

En 1998, Julio De León tenía ya tres décadas de sembrar arroz. Como agrónomo, decidió innovar en el campo y se ideó un proyecto en su finca de Jesús María del Bayano, en Chepo.

Esa idea terminó costándole la maquinaria, la inversión y el terreno. ‘Alguien quiere mi finca y desde hace 11 años se niegan a devolverla’, dice De León. En el camino se incluye un pleito millonario con el BDA y una denuncia penal en su contra, en medio de un nudo de injusticias admitidas por el Estado, pero que ni el BDA, la Contraloría o la Corte han desatado.

UNA FINCA IDEAL

Para implementar su proyecto, De León pidió al BDA un financiamiento. En octubre de 1998, el banco le otorgó un préstamo de $483 mil. Como garantía, si De León no pagaba, el BDA tendría los equipos y la tierra que De León había hipotecado para obtener el financiamiento.

La idea era implementar un sistema de riego en unas 240 hectáreas que incluyó el proyecto. Una porción de terreno junto al río Bayano, privilegiada para el cultivo del grano.

Emérito Andrade, inspector del BDA las describió así: ‘son parcelas accesibles en todas las épocas del año. La topografía es 100% plana... ideal para el cultivo del arroz...’.

La finca era el mayor recurso de De León y su idea era sacarle provecho.

En octubre de 1998 terminó los trámites. El día 30 de ese mes, el BDA depositó los fondos en la sucursal de Chepo. En ese momento, el plan era utilizar los dineros para comprar el equipo que permitiría instalar el sistema de riego. ‘La ventaja es que triplicas la productividad de los cultivos. No dependes de la lluvia’, dice De León.

Pero, como suele suceder, los trámites retrasaron el primer desembolso hasta el año siguiente. Específicamente el 18 de enero de 1999.

Ese retraso en el primer cheque del préstamo haría la diferencia en el proyecto y sería la puerta del extenso conflicto que llevan De León y el BDA.

CAMBIOS DE FECHA Y GOBIERNO

La fecha del primer desembolso es clave. Según las escrituras de la hipoteca con la que se acordó el préstamo, un año después de ese primer cheque, De León tendría que cancelar el primer pago de 50 mil dólares más los intereses.

De León empezó con retrasos la primera siembra, en el país hubo elecciones y cambio de gobierno. Eso produjo también cambios en el BDA.

El 14 de diciembre de 1999, cuando a De León le faltaban 34 días para completar el plazo de su primer pago al banco, dos funcionarios del BDA llegaron a su finca, para una inspección.

EL INFORME

A mediodía del 14 de diciembre, Nidia Caballero, funcionaria del BDA, y Mario Vargas, con solo 14 días nombrado como gerente del BDA en Chepo, llegaron a la finca y levantaron el reporte con el que el BDA decidió despojar a De León de su tierra. (Ver recuadro 2)

En el informe, redactado por Caballero, se establece que el proyecto de De León estaba ‘en plena cosecha’.

Caballero y Vargas, que acababa de perder las elecciones como candidato a legislador suplente de Hernán Delgado, recomendaron el ‘cobro por la vía judicial’ del préstamo a De León; es decir, secuestrar la finca y la maquinaria, argumentando básicamente dos cosas.

La primera, que no pudieron obtener información del estado del proyecto; y la segunda, que el préstamo estaba ‘en mora desde el 30 de octubre de 1999’.

Pero de acuerdo con el mismo informe, Caballero asegura que en la finca el encargado de los trabajos en ese momento les dijo que ‘no podía darles mayor información’, pues ‘no estaba autorizado para hacerlo’. En su lugar les dio el número de teléfono de Julio De León. Un detalle que la misma funcionaria anotó como un apunte marginal en el informe.

En cuanto a la mora, el plazo según la hipoteca era hasta el 18 de enero de 2000, cuando se cumplía un año del primer desembolso.

Con ese reporte como base, el BDA inició el proceso. Poco tiempo después, De León no podía entrar a la siembra.

DE LEÓN: 2 - BDA: 0

En el 2005, tras varios años de subir y bajar escaleras, De León presentó en la Contraloría General de la República una denuncia.

La auditoría terminada en 2006 fue contundente. La conclusión fue que los funcionarios del BDA ‘no realizaron gestiones de cobro’.

El áudito señala, además, que el BDA incumplió los procedimientos administrativos y procedió a secuestrar la finca, ‘aun cuando esta decisión no se fundamentó en causales sólidas y comprobables’. Además de perjudicar a De León, el informe asegura que se ocasionó pérdidas al Estado, pues debido a la medida, ‘no se ha recuperado el crédito’. Era la primera gestión a favor de De León. (Ver nota en el Recuadro 1)

El segundo punto lo obtuvo en el Consejo de Transparencia. En enero de 2007, una carta firmada por la secretaria Ejecutiva, Alma Montenegro de Fletcher, insta al BDA a ‘corregir las anomalías y la violación del debido proceso’ en el caso. (Recuadro 1)

LA DEMANDA DE LOS $7 MILLONES

Habrían pasado siete años después de que De León fue despojado de sus tierras. Ya lo había intentado todo. El 14 de enero de 2000, pagó 83 mil dólares al BDA, en concepto de la primera cuota pactada en la hipoteca y los intereses. Pero eso no logró detener la ‘jurisdicción coactiva’ (el secuestro de la finca). Intentó negociar con el BDA y tampoco pasó nada.

Cuando acudió a la Contraloría en diciembre de 2005, solo tenía un propósito en mente: ‘¡devuélvanme mi finca! ’

La auditoría confirmó lo que él venía diciendo desde enero de 2000, ‘yo no estaba en mora’, reitera. Pero aún así no pasaba nada. ‘Los abogados recomendaron demandar,’ explica.

De León demandó al BDA por 7 millones 482 mil 555 dólares por daños y perjuicios en la Corte Suprema. Pero tampoco ha tenido buena suerte en el campo judicial, el recurso también está a la espera de una decisión.