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- 14/06/2025 17:53
Entre los procesos afectados están los casos de Panama Ports, auxilios del IFARHU y descentralización paralela.
La Procuraduría General de la Nación reafirmó este sábado su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción y la protección de los intereses del Estado, al tiempo que aclaró las limitaciones operativas que enfrenta para avanzar con mayor celeridad en ciertas investigaciones de alto perfil.
En un comunicado oficial, la entidad respondió a recientes opiniones públicas que cuestionan la supuesta lentitud en los procesos judiciales, detallando que muchas de las causas investigadas enfrentan retrasos debido a la falta de insumos técnicos clave, particularmente auditorías por parte de la Contraloría General de la República.
Entre los casos destacados, figura el de Panama Ports Company (PPC), en el cual se han practicado hasta la fecha 22 entrevistas, 72 diligencias investigativas, una comisión a la Dirección de Investigación Judicial, y cinco asistencias técnicas, en seguimiento a una auditoría oficiosa iniciada tras declaraciones televisivas.
También se informó de un nuevo proceso por presunto enriquecimiento injustificado, abierto el pasado 10 de junio, luego de recibir una auditoría que involucra a un ciudadano vinculado al IFARHU. La Fiscalía Anticorrupción inició acciones ese mismo día para verificar los hallazgos.
Por otro lado, la Procuraduría manifestó preocupación por la falta de respuesta a solicitudes de auditoría en casos relevantes, como el de los auxilios económicos del IFARHU, donde no se ha recibido ninguna auditoría solicitada desde 2024, a pesar de múltiples reiteraciones.
En el caso de la llamada descentralización paralela, se han recibido 233 denuncias, con investigaciones iniciadas en todos los expedientes. Sin embargo, de las 116 auditorías requeridas, ninguna ha sido remitida hasta la fecha.
A nivel general, se informó que para enero de 2025 había 166 auditorías pendientes de la Contraloría, cifra que ha aumentado a al menos 225, lo que representa —según la entidad— un obstáculo tangible para avanzar con prontitud en las investigaciones por delitos contra la administración pública.
La Procuraduría subrayó que cada una de sus actuaciones se basa en criterios jurídicos y técnicos, dentro de un contexto de alta demanda ciudadana y presión institucional. También reafirmó su rechazo a cualquier intento de injerencia o presión externa que afecte la independencia y la objetividad de los procesos penales.
Finalmente, reiteró su apertura al trabajo interinstitucional, siempre dentro del marco legal y bajo principios de legalidad e independencia, como exige la democracia panameña.
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