Gobierno busca restablecer el libre tránsito en Bocas del Toro

En un giro decisivo ante más de 40 días de bloqueos y protestas, el Gobierno panameño lanzó este sábado 14 de junio la Operación Omega, un operativo policial estratégico ordenado directamente por el presidente José Raúl Mulino para recuperar la libre circulación en la provincia de Bocas del Toro.

Desde las 6:00 a.m., unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), respaldadas por operativos aéreos y marítimos, comenzaron a desplegarse en zonas clave como Chiriquí Grande y Almirante, epicentros de las protestas que han afectado gravemente la actividad económica, el abastecimiento y las comunicaciones en la región occidental del país.

Aunque en esta semana Sitraibana levantó algunos bloqueos, particularmente en Changuinola, al conseguir la aprobación de su proyecto de ley, persistieron cierres en al menos 20 puntos, muchos de ellos controlados por grupos indígenas, docentes y otras organizaciones sociales con reclamos diversos, que van desde la derogación de normativas hasta la cancelación de proyectos extractivos.

Frente a este escenario, el Gobierno afirmó que la operación responde al mandato constitucional de garantizar el libre tránsito y a las reiteradas quejas de productores, transportistas, empresarios y ciudadanos que han visto paralizadas sus actividades productivas.

En el marco del operativo, el Ministerio de Seguridad Pública impuso restricciones temporales al ingreso marítimo en Almirante y Chiriquí Grande, autorizando únicamente el paso a residentes locales debidamente identificados.

Una fuente oficial vinculada al operativo indicó que estas medidas buscan evitar confrontaciones mientras las fuerzas del orden intentan despejar caminos, restablecer servicios esenciales y evitar desmanes en medio de un clima de alta tensión.

El despliegue incluyó unidades terrestres, patrullas aéreas y vigilancia marítima, en una operación sin precedentes en esta región en los últimos años.

Pocas horas después de iniciado el operativo, la presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz, denunció en un comunicado que el operativo dejó personas heridas en comunidades indígenas de Chiriquí Grande.

Cruz responsabilizó directamente al presidente Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por lo que calificó como un ataque aéreo y terrestre contra pueblos originarios que protestan por sus derechos.

“Han atacado a mi pueblo desde las vías aéreas y terrestres por defender sus derechos. Denuncio ante el país e instancias internacionales la represión del pueblo que en estos momentos se encuentra herido”, dijo la líder indígena.

Uno de los aspectos más críticos reportados por las autoridades fue el daño a la infraestructura de servicios básicos. Según el Ministerio de Seguridad, manifestantes habrían realizado tala ilegal de árboles que causó graves afectaciones en redes eléctricas y de telecomunicaciones en el área de Chiriquí Grande y otras zonas vecinas.

Empresas proveedoras como compañías eléctricas y de telefonía advirtieron que no existe una fecha estimada para el restablecimiento total de los servicios, mientras continúen los cierres en la zona.

El corte de energía eléctrica ha afectado hospitales rurales, comercios y hogares. A esto se suma la interrupción de la señal de telefonía móvil e internet, lo que ha dificultado tanto las operaciones de los cuerpos de seguridad como la vida cotidiana de miles de personas.

Desde el inicio de los bloqueos, Bocas del Toro ha estado virtualmente incomunicada. Además de las afectaciones en los servicios básicos, el abastecimiento de alimentos, combustible y medicinas se ha visto comprometido, generando un estado de incertidumbre para residentes y visitantes.

La situación también ha golpeado severamente al sector turismo, clave en la economía local. Hoteles y operadores de tours en Isla Colón, Bastimentos y otras áreas han reportado cancelaciones masivas y pérdidas significativas.

El Ministerio de Seguridad definió a la operación Omega como una “intervención coordinada” con el propósito de garantizar el derecho al libre tránsito, reabrir las vías bloqueadas y reactivar los servicios esenciales.

“El Gobierno reitera su compromiso con el orden, la paz social y el bienestar de todos los panameños”, indica el comunicado oficial, que también llama a la ciudadanía a respetar los bienes públicos y privados, y a cesar acciones que obstaculicen la vida diaria del país.