Educación panameña: entre promesas inconclusas y demandas urgentes

La reciente aprobación de la Ley 462, que modifica artículos clave de la Ley 51 de 2005 sobre la Caja de Seguro Social, ha detonado una nueva ola de movilizaciones sociales en Panamá, encabezadas por docentes, profesionales de la salud, trabajadores del sector público y organizaciones sindicales. Aunque se presenta oficialmente como una medida para “salvar el sistema de pensiones”, el contenido y la forma en que fue aprobada han generado una percepción generalizada de que se trata de una reforma regresiva y excluyente.

Para el gremio docente, esta ley no solo atenta contra sus derechos adquiridos en materia de jubilación, sino que sienta un precedente de vulnerabilidad jurídica que amenaza con replicarse en otras áreas del empleo público, incluida la estabilidad laboral, la carrera docente y la protección social. Desde esta perspectiva, la defensa de la seguridad social se convierte en una causa educativa por sus profundas implicaciones en el bienestar de la comunidad docente y en la sostenibilidad del sistema educativo panameño.

El magisterio en resistencia: razones más allá del aula

La respuesta del magisterio panameño ante la aprobación de la Ley 462 ha sido rápida, organizada y profundamente articulada con otros sectores sociales. Lejos de limitarse a un reclamo gremial por condiciones laborales, la huelga docente se ha transformado en un acto de resistencia ética y política frente a un modelo de gestión estatal que ha mostrado signos preocupantes de autoritarismo, tecnocratismo y desprecio por la consulta democrática.

Los docentes panameños no protestan únicamente por la afectación directa que la Ley 462 podría tener en sus futuras pensiones. Lo que está en juego, según líderes gremiales, es la ruptura del contrato social entre el Estado y los trabajadores, que afecta transversalmente los pilares de la educación pública.

Más allá de las implicaciones técnicas de la ley, lo que el magisterio ha puesto en discusión es una visión de país. La defensa de la seguridad social se entiende como una defensa del Estado social y democrático de derecho, que garantiza educación, salud y pensiones no como favores del poder, sino como derechos inalienables de la ciudadanía.

Esta resistencia docente también tiene una dimensión histórica. No es la primera vez que el magisterio panameño lidera luchas sociales: desde las huelgas de 1979 y 1987, hasta las protestas contra el ajuste estructural en los años 90 y las movilizaciones por mayor presupuesto educativo en 2013 y 2022, los docentes han sido sujetos activos de transformación democrática. Su papel va mucho más allá del aula: son educadores, pero también guardianes de la memoria social y promotores de justicia.

En ese sentido, la huelga actual representa un punto de inflexión. No solo se lucha contra una ley impopular, sino por el reconocimiento pleno de la función social del docente como actor político legítimo, con derecho a incidir en las decisiones que afectan a la nación. Frente a los intentos de criminalizar la protesta o reducirla a “interrupciones del calendario escolar”, el magisterio ha respondido con propuestas, foros abiertos, redes de apoyo comunitario y alianzas intersectoriales, consolidando un movimiento que interpela la democracia desde su raíz.

Lucy Molinar: una postura en tensión

Molinar, cuyo regreso al Ministerio fue percibido como un intento de recuperar el “orden institucional”, enfrenta el desafío de generar puentes de diálogo en medio de una crisis de legitimidad política. Sin una solución estructural y concertada, su gestión corre el riesgo de quedar asociada a una fase de represión y desgaste institucional.

En el contexto actual, su postura frente a la huelga nacional contra la Ley 462 ha manifestado que el país “no puede permitirse que la educación vuelva a ser rehén de intereses políticos”, e instó al retorno inmediato a clases, advirtiendo sanciones por inasistencia injustificada. Ha reiterado que los estudiantes deben ser la prioridad, y ha acusado a algunos dirigentes gremiales de “manipular el descontento para fines ajenos al aula”.

Además, su discurso ha sido percibido como desconectado de las condiciones reales del sistema educativo, especialmente en las regiones más vulnerables. Las amenazas de sanciones no solo ignoran las razones estructurales del paro, sino que podrían profundizar la brecha entre el MEDUCA y sus educadores. En lugar de abrir canales de concertación o generar mecanismos de mediación, la ministra ha optado por un enfoque punitivo que recuerda las tensiones de su gestión anterior.

Cabe preguntarse si esta postura es sostenible en el mediano plazo. En un país que enfrenta una profunda crisis de legitimidad política e institucional, la educación no puede gestionarse como un problema administrativo, sino como un campo de disputa ética y social, donde el diálogo debe primar sobre la imposición. En ese sentido, la figura de Lucy Molinar encarna una tensión estructural entre dos modelos de política educativa: uno tecnocrático, gerencial y centrado en resultados medibles; y otro humanista, participativo y orientado a la justicia social.

Paradójicamente, esta coyuntura podría representar una oportunidad para que la ministra reconfigure su rol, no como ejecutora de medidas impopulares, sino como facilitadora de un pacto educativo nacional que reconozca el valor del diálogo con el gremio docente, la academia y la sociedad civil. Esto implicaría revisar no solo la relación con la Ley 462, sino también repensar el tipo de liderazgo que necesita el país para transformar su educación sin violentar derechos.

Sin seguridad social, no hay educación sostenible

El conflicto social desatado por la aprobación de la Ley 462 ha expuesto, con crudeza, la interdependencia entre las políticas económicas, laborales y educativas en Panamá. A pesar de que el gobierno ha intentado presentar la reforma previsional como un asunto exclusivamente financiero, la respuesta del magisterio y de amplios sectores sociales ha dejado en claro que estamos ante una crisis sistémica, donde la sostenibilidad de la educación pública depende directamente de la sostenibilidad del pacto social y del modelo de Estado.

La educación no puede sostenerse en un país donde los derechos sociales básicos, como la salud, las pensiones y la estabilidad laboral, son vulnerados o redefinidos sin diálogo. Un sistema educativo no es solo un conjunto de escuelas, currículos y docentes; es un ecosistema ético, político y cultural que requiere condiciones mínimas de dignidad para florecer. Cuando se debilita la seguridad social, se debilita también la capacidad del Estado para garantizar una educación equitativa, universal y transformadora.

En ese sentido, la huelga docente no debe entenderse como una interrupción del calendario escolar, sino como un acto pedagógico de resistencia colectiva. Los educadores panameños están enseñando, una vez más, fuera del aula: están enseñando que la democracia se defiende en la calle, que los derechos no se negocian en secreto, y que educar también es actuar con coherencia moral ante la injusticia.

En última instancia, la Ley 462 no es solo una amenaza a las pensiones: es un síntoma de un modelo que prioriza la rentabilidad fiscal sobre el bienestar colectivo. Frente a ello, el magisterio panameño ha hecho una elección ética: no callar, no resignarse y no educar en silencio. Esa elección, aunque incómoda para algunos, es profundamente pedagógica. Porque enseñar no es solo transmitir contenidos; es también defender los principios que hacen posible un futuro digno para quienes aprenden y para quienes enseñan.

La autora es profesora de Sociología de la Universidad de Panamá