La deuda eterna

Entre los rasgos que caracterizaron los gobiernos militares entre 1968 y 1989 se destaca la acumulación de una enorme deuda pública externa. Durante ese lapso se pasó de un nivel relativamente insignificante hasta un total de 3,813 millones balboas. La acumulación de esta deuda estuvo sostenida, por el lado de la oferta, en la disponibilidad de petrodólares generados por la primera crisis del petróleo y en la irresponsabilidad de los banqueros internacionales. Por el lado de la demanda, los gobernantes militares creyeron encontrar una forma conveniente para financiar sus proyectos de gasto social, así como para sus proyectos económicos, que en algunos casos resultaron faraónicos, corruptos y destinados al fracaso. Les permitía obviar una efectiva reforma tributaria, ahorrándose así el enfrentamiento directo con los sectores económicamente dominantes. Quedaron satisfechos los entonces llamados “sectores progresistas” del régimen, mientras que los “chicago boys” locales, quienes dominaban la esfera de la política económica, celebraban la idea de que se trataba de empréstitos de fuentes privadas que pasaban la prueba de la racionalidad del mercado.

Esto llevó al sector público a una profunda dependencia financiera externa que condujo a la crisis de la deuda de 1982. La política de las autoridades norteamericanas de la época, guiadas a combatir la inflación, significó para Panamá una notable alza de la tasa de intereses que obligó a una refinanciación que produjo un disparo adicional en el monto de la deuda. Por otra parte, la vulnerabilidad financiera del régimen coadyuvó al inicio de la implantación del llamado modelo neoliberal en el país, que se operativizó por medio de los conocidos Préstamos de Ajustes Estructurales (SALT I y II).

El advenimiento de los gobiernos civiles, si bien vino a instaurar la democracia formal en el país, no significó un cambio efectivo en la política económica. La deuda pública externa alcanzó en octubre del presente año un monto de 9,049 millones de balboas, un aumento del 137% en relación al nivel heredado de la dictadura. Los sucesivos gobiernos civiles, desde el llamado Plan Ford hasta la actualidad, pasando por el Plan Chapman, han seguido aplicando las ideas del llamado Consenso de Washington. Hoy las grandes decisiones económicas del país se encuentran supeditadas a la voluntad de los capitales financieros trasnacionales, asegurados activamente por las llamadas empresas calificadoras de riesgos. El resultado de esta política, pese a las efímeras altas tasas de crecimiento recientes del PIB, inducidas por la burbuja financiera internacional, ha sido el mantenimiento de altos niveles de desigualdad social, la carencia de empleo decente para muchos panameños, así como un creciente costo de vida.