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- 16/07/2025 00:01
La diputada de la coalición Vamos Alexandra Brenes presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que reforma y adiciona artículos a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Es la primera iniciativa que busca reformar la Ley 462 que generó protestas y una huelga de docentes y trabajadores. Sin embargo, el segundo día de las sesiones ordinarias, el pasado 2 de junio, los diputados Criapiano Adames y Jairo Salazar presentaron, por separado, un anteproyecto de ley que busca derogar la Ley 462 y revive los artículos modificados de la Ley 51 de 2005.
La propuesta de la diputada Brenes modifica nueve artículos de la Ley 462 y adiciona tres nuevos. Entre los artículos modificados se encuentra el 64, relacionado con la afiliación obligatoria. La iniciativa exceptúa de la obligatoriedad a los trabajadores independientes.
Otro de los artículos modificados es el 70, que tiene que ver con los recursos de la Caja de Seguro Social. La diputada propone agregar a los recursos de la entidad el 10% de las utilidades de las empresas de telecomunicaciones y de la tasa de los movimientos de contenedores en los puertos de carga.
Además del 50 % del ingreso bruto de las notarías y de los ingresos obtenidos por los consulados panameños. También propone que el 20 % de los ingresos brutos de la Lotería Nacional pasen a la Caja de Seguro Social para el pago de las pensiones, del programa de enfermedad y maternidad, y gastos administrativos.
La propuesta de la diputada adiciona los artículos 134-A, 134-B y 134-C que se relacionan con la atención de salud, sobre las citas médicas y becas y financiamiento para médicos generales.
La diputada sustentó la propuesta en que si bien es cierto la Ley 462 busca estabilizar financieramente a la Caja de Seguro Social, diversos actores de la sociedad civil, desde profesionales y trabajadores, han expresado preocupación por la posibilidad de obtener jubilaciones por debajo de las que establecía la Ley 51, modificada por la Ley 462.
Además de que la Ley 462 genera “impacto negativo, no previsto”, lo que podría poner en riesgo los derechos de los cotizantes, trabajadores y de la misma sostenibilidad del sistema.
La diputada pidió la conformación urgente de la Comisión de Salud para empezar a analizar la propuesta.