Diputada de Vamos demanda ley del bioetanol

La discusión sobre el uso obligatorio de bioetanol en las gasolinas volvió a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Alexandra Brenes, diputada de la coalición Vamos, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios apartados de la Ley 42 de 2011, modificada por la Ley 355 de 31 de enero de 2023, normativa que restableció el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol con gasolina en Panamá.

La acción legal fue presentada por la abogada Martita Cornejo Robles en representación de Brenes y quedó radicada en el despacho de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.

La demanda solicita que se declaren inconstitucionales las frases “la mezcla y su uso serán obligatorios”, contenida en el artículo 14 de la Ley 42 de 2011, y “deberán contener bioetanol anhidro”, incluida en el artículo 15 de esa misma legislación. También impugna el artículo 27 de la norma.

Se trata de la segunda demanda que llega a la Corte Suprema contra disposiciones vinculadas a la obligatoriedad del bioetanol. Semanas atrás, el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó otra acción de inconstitucionalidad contra apartados de la Ley 355 de 2023. Ese expediente permanece actualmente en el despacho de la magistrada Gisela Agurto Ayala.

Ambas demandas coinciden en cuestionar el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol en los combustibles comercializados en el país, un tema que mantiene abierto el debate entre sectores económicos, ambientales y políticos.

La Ley 355 de 2023 reactivó la política de incorporación obligatoria de bioetanol anhidro en las gasolinas, una medida impulsada por el Estado como parte de la estrategia de transición energética y diversificación de combustibles.

Los defensores del programa sostienen que el bioetanol permite reducir emisiones contaminantes, impulsar el sector agroindustrial y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, críticos de la iniciativa han advertido sobre posibles efectos en costos, logística de distribución, almacenamiento y desempeño de vehículos.

La presentación de esta nueva demanda ocurre en medio de un escenario político marcado por la suspensión de la discusión legislativa sobre el bioetanol. Esta misma semana, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó detener el debate de un proyecto de ley relacionado con el tema, que permanecía en segundo debate hasta la semana pasada.

La decisión fue respaldada por 55 diputados, mientras un parlamentario se abstuvo, luego de una reunión entre jefes de bancada y la directiva de la Asamblea Nacional.

Ahora, el pleno de la Corte Suprema deberá analizar si las disposiciones demandadas se ajustan o no a la Constitución y decidir si admite formalmente los recursos presentados contra la ley.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó el jueves 30 de abril que se reunió con diputados antes que se anunciara la suspensión del proyecto de ley que establece el uso obligatorio del bioetanol.

“Yo sí conversé con ellos (los diputados). Por supuesto que el tema me preocupaba porque el tema se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia que ustedes conocen. Así que claro que conversé porque lo que se quería llevar un debate totalmente ajeno a si es bueno o es malo el proyecto y buscar confrontación”, declaró el mandatario.

Al preguntarle si había planes de emitir un decreto u otra acción ejecutiva para aplicar la obligatoriedad del uso del etanol con las leyes que ya están vigentes respondió con un claro: “No”.