Silencio escuda a depravados

PANAMÁ. Ocurre en las narices de cualquier persona en Panamá, pero muchos prefieren hacerse de la vista gorda y no denunciarlo. Es la explotación sexual infantil.

Según el segundo estudio sobre el problema realizado en el 2008 (el primero del 2005) por la Organización del Trabajo (OIT) y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), en Panamá son cada vez más las personas que ante este delito, muestran tolerancia hasta el punto de no hacer nada para castigar a los corruptos.

El estudio muestra que un 96% de la población panameña reconoce que la explotación sexual a menores es un delito, este porcentaje es un 1% menos que el primer estudio realizado en el año 2005. De igual manera se revela que un 20.3% no haría nada de conocer una situación de explotación sexual comercial infantil, casi un 5% menos que el anterior estudio, reflejando la falta de interés que muestran los ciudadanos ante el tema.

Y no sólo eso, los que denunciarían al cliente explotador también han disminuido. El estudio del 2008 indica que un 50% de los entrevistados manifestó que haría la denuncia, pero esto es un 8.6% menos comparándolo con el estudio del año 2005 que reflejaba un 58.6%. El aumento en la tolerancia a este delito también ha bajado en cuanto a los que denunciarían al menor de edad que ofrece servicios, de un 22% de los que harían en el 2005, disminuyó aproximadamente 2% porque se alega que el victimario es quien paga por sexo y la víctima es el menor.

Además, un 8.8% indicó que hablarían con los padres y el menor de edad, víctima de la explotación, cerca de un 6% menos que en el 2005.

Según la abogada Rosaria Correa, directora interina de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en lo que va del año se han confirmado 17 casos de explotación sexual comercial en menores de edad remitidos por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y están en trámite otros seis.

Los menores afectados están entre los 13 a 17 años de edad.

Sumando los casos de este año y los que estaban hasta el 2008 en nivel de riesgo o supuestas víctimas, el problema actualiza 180 expedientes en Panamá.

Pero no es sólo de la urbe capital. Un buen ejemplo lo da la provincia de Chiriquí, donde el año pasado se registraron 5 casos de pornografía infantil, 51 de violación, 12 de corrupción a menores, 33 de estupro, 6 de abusos, 10 actos libidinosos y 2 raptos. En el 2007 se reportaron a nivel nacional 30 denuncias por explotación sexual comercial a niños y adolescentes, lo que indica que el delito va en aumento, amparado en el silencio.

El Conapredes presentó el año pasado junto a otras instituciones, el plan nacional para la prevención y la eliminación de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del período 2008 al 2010. Aún es prematuro conocer su efectividad.

El plan se abarca la prevención, atención, investigación, sanción y fortalecimiento de esta institución, con énfasis en identificar a las víctimas, fortalecer las leyes, establecer líneas de coordinación interinstitucional, y cooperación internacional, entre otros.

Entre tanto, la lucha contra los depredadores sexuales enfrenta otro escollo junto al silencio. Eiselys Vásquez, coordinadora de la Secretaría Técnica del Conapredes, advierte que a esta oficina no se le ha dado el presupuesto necesario para seguir los programas de ayuda, pues en el 2008 el Ministerio de Economía no recomendó la asignación ante el Ejecutivo. Sólo la UNIFEC y la Procuraduría están apoyando.