GUPC pone la ampliación del Canal en hora incierta

PANAMÁ. El 1 de enero es caprichoso con el Canal: en 1880 Ferdinard de Lesseps dio la primera palada de la construcción de la vía. En 2000 Panamá tomó, formalmente, su administración, tras 85 años de operación estadounidense. Y en 2014 el país debe hacer cara a una de las noticias más agrias sobre la razón de su ego. Que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) formalizó su amenaza de dejar la ampliación tal cual, en 72%.

Después de semanas de intentos de acuerdos tras bastidores y despidos masivos, GUPC confirmó ayer que dará a la Autoridad del Canal (ACP) 21 días para que le pague $1,6 billones que reclama por sobrecostes, o abandonará el proyecto de infraestructura más importante del siglo XXI.

El grupo —liderado por la española Sacyr, que estaría en franco desplome financiero— puso en preaviso a la ACP, a la que en un juego de palabras acusó de no ser condescendiente con sus reclamos. ‘A pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el administrador (Jorge Luis Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos’, planteó.

Esto no es más que el anuncio de guerra que se ha levantado. Y en Panamá, sin banderas blancas visibles, la ACP aseguró que está dispuesta a ejecutar una fianza de cumplimiento para terminar la obra.

ACP NO QUITA EL DEDO

En noviembre pasado, la autoridad reconoció que había pagado $156 millones al grupo, por el aumento del precio del acero reforzado, y de la planilla.

En ese momento Quijano consideró como viable que un proyecto de la envergadura de la ampliación subiera entre 5% y 10%, pero en ningún caso hasta el 40%, como lo pretendía GUPC.

Ese escenario ha hecho que hoy, paradójicamente, de unidos tengan poco. La ACP se confirmó ayer en su postura, y descartó que haya alguna negociación lejos de la Junta de Resolución de disputas, para que la ampliación siga.

‘No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que GUPC respete el contrato que ellos aceptaron y firmaron’, advirtió Quijano.

Su planteamiento fue apoyado por grupos políticos y civiles del país, que exigen a GUPC aferrarse al espíritu y la letra del contrato. ‘El consorcio ha redoblado sus amenazas, chantaje y extorsión contra el Canal, que es patrimonio del pueblo panameño’, planteó la Asamblea Ciudadana, que llamó al país a oponerse a las pretensiones de aumentar el costo de la ampliación. El FAD coincidió en calificar la posición del consorcio como ‘chantaje’. ‘Nos enfrentamos a retos muy difíciles’, aderezó el abogado Ebrahim Asvat.

Fernando Aramburú, presidente de la Apede, instó a las partes a no reaccionar fuera del contrato ‘ante presiones de cualquier parte interesada’. Por su lado, el presidente del panameñismo, Juan Carlos Varela, dijo darle la espalda a las presiones de GUPC en una conversación telefónica con Quijano, ayer al mediodía.

La Estrella intentó una versión del presidente de la comisión legislativa de Asuntos del Canal, Rogelio Baruco, sin éxito. El oficialismo se negó a hablar.

Pero la constructora rebate. Asegura que acceder al pago de los $1,6 billones sería la opción de menor coste para terminar la obra ‘en el menor tiempo’. E insiste: eso no es presión al Canal.

EL ESCENARIO DE PANAMÁ

Los desacuerdos entre Sacyr y la ACP ponen a la ampliación en horas complejísimas. El mercado marítimo dice esperar la nueva obra, y parte de los créditos que el gobierno ha pedido para sus proyectos se basan en la proyección de nuevos ingresos por el ensanche.

Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas, asegura que la salida de GUPC de la ampliación si bien generaría un nuevo retraso (ya acumula nueve meses), no debería tener mayor impacto en los ingresos.

‘Se tenía previsto que en el 2015 se percibieran los ingresos por la ampliación. Se tendrá que correr a 2016, no veo mayores dificultades’.

El asunto, de todos modos, ha puesto en perspectiva las advertencias de la técnica ‘carrusel’ que habría aplicado el consorcio para llevarse el contrato, y las maniobras que —según un cable de WikiLeaks— Estados Unidos ejerció para que Bechtel (la estadounidense que ofertó $4 mil millones) ganara. ‘Estaba en bancarrota’, creía EE UU. Con ello esperaba que la española descalificara y hubiera espacio para la Bechtel, que de ser elegida, hubiera comprado a proveedores de ese país hasta por $1,200 millones.

El FAD creyó ayer que la reciente visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Panamá es clave para saber cómo terminará de desenvolverse el conflicto, cuya línea de fuego es el 20 de enero. A pleno lunes.