Cuando los norieguistas se incrustan en el poder

PANAMÁ. Ricardo Martinelli prometió gobernar con los mejores. Eran tiempos de desesperanza por la experiencia que dejaron los gobiernos civiles tras el derrocamiento de la dictadura militar el 20 de diciembre de 1989. Martinelli vendió la idea de un cambio. Uno que resolvería los problemas del panameño, minimizaría la corrupción y la impunidad, garantizaría seguridad, un Estado de derecho y prosperidad.

Pero el tiempo parece deshacer todo. Y no solo las promesas, sino las circunstancias y los personajes detrás. De cómo en esta administración —igual que en las anteriores— las huellas del periodo más oscuro del país, la dictadura militar, siguen presentes a través de nombres y políticas de Estado al estilo de los últimos años de Manuel Antonio Noriega.

De hecho, en este gobierno hay al menos 15 norieguistas incrustados. Están en las oficinas más cruciales para el imperio de la democracia y el Estado de derecho. Aparecen en el buró de seguridad, la Corte Suprema, la Presidencia de la República, el servicio exterior, la Asamblea Nacional y ahora van a la Procuraduría General de la Nación.

BUEN SALTO

Figuras del norieguismo en la era Martinelli han logrado rápidos ascensos. Alejandro Moncada Luna, actual presidente de la Corte, el mismo a quien se le responsabiliza de ser el autor intelectual y material de la reviviscencia de la Sala Quinta, fue director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno de 1983 a 1988 —que se conocen como los peores años de la dictadura norieguista, los momentos de mayor represión y violación a los derechos humanos—. Desde el Ministerio de Gobierno se giró orden para el cierre de medios de comunicación social opuestos a la dictadura.

Incluso la actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa, hoy colaboradora de Martinelli y quien en la época fue legisladora por el Partido Laborista (PALA), colectivo aliado del PRD y que presidió Ramón Sieiro —entonces cuñado de Noriega—, acusó a Moncada Luna de haber cerrado KW Continente de propiedad de su familia. En este periodo, se registraron las peores represiones, incluyendo el llamado ‘Viernes Negro’.

LA FISCAL DE HIERRO

El caso más reciente se cuece aún, tras el anuncio de que la secretaria de Asuntos Legales de la Presidencia, Ana Belfon, dirigirá el Ministerio Público. Entre 1986 y 1989 Belfon era conocida como la ‘fiscal de hierro’ por su rol en las fiscalías Primera y Tercera Superior de Panamá. ‘Fue uno de los fiscales más leales y fanáticos de Noriega’, retrató NewsMax en 2004. Se basa, por ejemplo, en la orden de detención que giró en 1986 contra el periodista Guillermo Sánchez Borbón, crítico de los militares. Borbón escribía ‘En pocas palabras’, una columna en La Prensa que cuestionaba a Noriega y la cúpula militar. Sánchez Borbón la describió así: ‘cuando la fiscal norieguista me llamó para tomarme una declaración, fui inconscientemente a meterme a la boca del lobo’.

Belfon también sirvió a Mayín Correa como asesora legal y luego saltó a la Presidencia de la República con Martinelli a donde está hasta el momento.

BRAZO CIVIL DE LA DICTADURA

La lista de los civiles que s irvieron a los militares y que hoy forman parte del gobierno del Cambio no termina allí. El hoy director de Salud de San Miguelito, Algis Torres, trabajó como médico en la Cárcel Modelo en ese entonces. Aquel 10 de julio de 1989, el fatídico ‘Viernes Negro’, le correspondió atender a los arrestados en las protestas contra la dictadura. Los partes médicos reportaban síntomas por úlceras gástricas, glaucoma, gonorrea, conjuntivitis, hipertensión arterial, asma, infecciones de las vías urinarias y reacciones alérgicas, nadie tenía lesión física o trauma por la represión militar.

EL EFECTO ‘PROCLAMA’

Gustavo Pérez es otro de los personajes destacados de la lista. Primero, por su cercanía a Noriega y su rol en el gobierno del cambio a través de la Policía Nacional, el Consejo de Seguridad presidencial y el Ministerio de Gobierno.

Su vínculo con el exdictador revuelve el panorama cada tanto se recuerda el operativo para ingresar a Noriega a El Renacer y el video que develó el trato animoso con el que fue custodiado en su viaje de retorno desde París por el viceministro Manuel Moreno, entonces subordinado de Pérez en la Policía y hoy ficha de José Raúl Mulino.

A Pérez lo apodan ‘Proclama’, por las muestras de fidelidad a Noriega en 1988 vía una proclama de los tenientes. Así creció dentro de la estructura de las Fuerzas de Defensa. Integró la Unidad Especial Antiterror (UESAT), de 70 hombres, comandada exclusivamente por Noriega.

En democracia, Pérez ha sabido manejarse en política y escalar hasta la fuerza pública. Es identificado como el intermediario de una donación de cinco millones de dólares a la campaña presidencial de Martinelli. Tras eso llegó a la Policía, que bajo su mando, reprimió en Changuinola y San Félix en 2010 y 2011. Y amenazó, según el ministro José Raúl Mulino, con un golpe de Estado.

Pérez hoy es la cara más notable de una corriente política que se ha atornillado en el ‘neonorieguismo’ o el norieguismo sin Noriega. ‘No se justifica tenerlos en cargos en el actual gobierno; por el contrario, genera mucha suspicacia e intranquilidad’, sostiene Angélica Maytín, de Transparencia Internacional.

Es que ese es un debate que hoy, tras 23 años de la invasión que acabó con el régimen de Noriega, se cierne.

Maritza Maestre, familiar de una víctima de la dictadura, y Aurelio Barría, de la otrora Cruzada Civilista, insisten en que más allá de ese movimiento, la preocupación radica en el proceso de remilitarización que vive el Estado, notado principalmente en los Servicios Nacional de Fronteras (Senafront) y Aeronaval (SENAN).

Es que en la fuerza pública hay más norieguistas enquistados. El director del Senafront, Frank Ábrego, es otro. Tras estudiar ingeniería militar en Honduras, ingresó a las Fuerzas de Defensa en 1985, a inicios del mandato de Noriega.

Belsio González, del SENAN, también fue parte de las Fuerzas de Defensa, a las que entró en 1987.

González y Ábrego integraban el grupo de militares que, con Pérez, aspiraba a tomar el control de las Fuerzas de Defensa en el 2000. Además, son parte de la élite del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, un civilista que hoy levanta fuertes críticas por su estilo ‘militar’.

‘Hay que estar atentos porque algunas de estas personas atentaron contra los derechos humanos durante la dictadura y no han recibido sanción por su comportamiento’, advierte la exlegisladora demócrata cristiana Teresita Yaniz de Arias.

NORIEGUISTAS Y MULINO

Bien dice Bernal que Panamá, más que una nación, es un lugar donde la gente vive. Y no solo vive, sino arrincona su memoria. Un país configurado no para que la gente olvide, sino para que jamás recuerde.

Tal vez desde esa lógica se cuele el irónico espaldarazo de Mulino a figuras icónicas de la dictadura. Por ejemplo, tiene entre sus principales asesores a José Branca, uno de los soldados que con Pérez, González y Ábrego proclamaron su fidelidad a Noriega en 1988. Aparece, incluso, como director de Asuntos Institucionales de Seguridad Pública del Minseg y recibe del Estado $3,020 mensuales.

En la lista de sus asesores también figura Luis Donadío, el último jefe del cuartel Los Pumas de Tocumen y parte del anillo de seguridad de Noriega. Cuando manejaba el Ministerio de Gobierno y Justicia, Mulino lo designó director del Sistema Penitenciario.

José Hilario Trujillo, jefe de la Fuerza Aérea y del círculo íntimo de Noriega, llegó al Consejo de Seguridad con este gobierno.

El impacto de los norieguistas en el gobierno del Cambio alcanzó también al Servicio de Migración. Hasta 2011 fungió como subdirector Jaime Ruiz, un exintegrante del Batallón 2000, fuerza élite que operaba en Panamá Este.

Martinelli no solo aseguró su fuerza pública con exmilitares, también lo hizo con el Servicio de Protección Institucional, como responsable de su seguridad nombró a Julio Vallejos, quien a su paso por los ‘Doberman’, la Unidad de Control de Multitudes de Noriega, reprimió civilistas.

DIPLOMACIA Y POLÍTICA

En el servicio exterior hay nombrados al menos tres norieguistas. Por ejemplo, Renato Famiglietti, teniente de la fuerza militar, es hoy agregado de la Embajada de Panamá en Naciones Unidas. Con él está Pablo Thalassinos, el expsicólogo de Noriega y gerente de la Zona Libre de Colón entre 1986 y 1988. Además, Pedro Pereira, componente civil de la dictadura, figura como embajador en Venezuela.

Lucía Chandeck, asesora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), exdirectora de la Autoridad de Ambiente y exasesora legal de Martinelli fue asesora del Ministerio de Educación en la época militar,

En el campo político, Gabriel Méndez, diputado de CD, fue parte del brazo civil de Noriega, y su colega en la Asamblea Agustín Sellhorn (suplente de Marilyn Vallarino), fue ministro de Trabajo y Bienestar Social en 1985. Su nombre aparece en una extensa lista de funcionarios que, según una publicación del entonces oficialista diario La República del 2 de abril de 1989, el opositor Partido Demócrata Cristiano analizaba llevar a los tribunales de justicia una vez tomara el poder, en 1989. Con información de Carlos Anel Cordero, Zelideth Cortez y Nicanor Alvarado Dixon.