José Gabriel Carrizo seguirá detenido mientras CSJ revisa amparos de garantías

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se mantendrá bajo detención provisional. La jueza Mónica Barrios ordenó este miércoles 14 de octubre mantener la medida cautelar sobre el exvicepresidente, quien ha sido imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado durante el período que ejerció el cargo público.

La audiencia se llevó a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. Carrizo se mantiene desde enero de este año bajo detención domiciliaria. Su defensa solicitó en la audiencia de hoy el cambio a reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, y que se mantuviera el impedimento de salida del país.

“Hoy le hemos dado toda la información al Tribunal de Garantías que evidencia que sí hay cambios fundamentales de las circunstancias desde el momento que se le aplicó la retención domiciliaria hasta el día de hoy, para que el Tribunal tomara la mejor decisión de revisar esta medida”, manifestó el abogado Víctor Orobio, quien representa al exvicepresidente en el caso.

El argumento presentado por Orobio en la audiencia se centró principalmente en los montos de los ingresos y gastos de Carrizo. De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público para la imputación de cargos, Carrizo tuvo ingresos verificables por 7.1 millones de dólares entre 2019 y 2024, período durante el cuál realizó 9 millones de dólares en gastos. La diferencia, 1.9 millones de dólares, es el monto por presunto enriquecimiento injustificado por el que ha sido imputado.

“Esa cifra ha sido trastocada, ha sido debilitada, ha sido destruida por la defensa. Primero, porque nosotros logramos incorporar a la investigación evidencias de otros ingresos que no fueron considerados por la Contraloría. Segundo, porque por decisión judicial, el mismo sistema judicial extrajo de los gastos 1.3 millones aproximadamente”, declaró Orobio a los medios de comunicación al finalizar la audiencia.

Específicamente, se refiere a la compra de un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares. El Ministerio Público había solicitado el comiso del apartamento, pero el comiso fue levantado ya que se consideró que había sido comprado antes que Carrizo asumiera el cargo.

La defensa de Carrizo también cuestionó la metodología utilizada por la Contraloría General en su auditoría y calcula si se revisan los números los ingresos están por encima de los gastos, por los que no habría enriquecimiento injustificado.

Orobio arguyó que esto debilita la naturaleza de la medida cautelar, por lo que se debería cambiar.

Sin embargo, la jueza Barrios manifestó que la naturaleza del hecho, así cómo los cálculos y análisis de los gastos, corresponden al tribunal de juicio y no a ella en esta instancia. Además, al preguntarle a la defensa confirmó que ellos mismos solicitaron la medida de depósito domiciliario durante la audiencia inicial en la que se decidió el ordenamiento de medidas cautelares. Por ello, considera que no han cambiado los riesgos procesales sobre los que se ordenó la medida y decidió mantenerla.

La fiscal anticorrupción, Patricia Herrera, quien representó al Ministerio Público, respondió también sobre los argumentos relacionados a los ingresos de Carrizo.

“Lo que se quiso decir acá es que esto es un tema de debate en la fase correspondiente, que es la fase de juicio, para eso la incorporación de peritos tanto de la Contraloría General de la República como el perito privado. Esos ya son temas que se tienen que discutir a nivel de juicio”, explicó Herrera. “En acto de audiencia y con posterioridad a nuestras alegaciones y argumentos de que no existen circunstancias nuevas que desacrediten el delito o la vinculación del mismo con el delito o el presunto delito de enriquecimiento justificado, la juez ha tomado la decisión de mantener la retención domiciliaria del señor José Gabriel Carrizo”, concluyó.

La investigación contra Carrizo se encuentra actualmente cerrada habiendo cumplido su término legal. Sin embargo, no se ha procedido con la fase intermedia debido a que hay 2 recursos de amparo de garantías pendientes presentados por el Ministerio Público que aún no han sido resueltos. Uno de estos recursos busca extender el término de la investigación, ya ha sido negado una vez y está a la espera que se resuelva su apelación. El segundo recurso presentado es para que se declare el caso como causa compleja. Solo después que se resuelvan estos recursos, se agendará la audiencia de fase intermedia.

De ser declarado causa compleja, se extendería la investigación y a la Fiscalía le correspondería elaborar un nuevo escrito de acusación.

La defensa de Carrizo denuncia que se trata de táctica dilatorias del Ministerio Público y advierte que la Corte Suprema de Justicia puede demorar años en resolver los amparos de garantías, tiempo durante el cual su representado permanecerá detenido en su casa.

Orobio presentó un recurso de apelación a la decisión de la jueza Barrios de mantener la medida cautelar. La audiencia de apelación fue agendada para el 6 de noviembre a las 2 de la tarde.