Juicio Patrimonio Histórico, defensa presenta nuevos expertos en contrataciones

  • 07/03/2026 00:00
El testimonio de expertos en contrataciones públicas busca esclarecer la responsabilidad de los miembros de la Comisión Evaluadora que aprobaron millonarios actos públicos de construcción

Este viernes 6 de marzo se llevó a cabo una nueva sesión en el juicio por Patrimonio Histórico, la ampliación de la vía Domingo Díaz y otros proyectos de infraestructura. La audiencia se llevó a cabo en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y arrancó a las 8.30 de la mañana.

Hasta el momento se han presentado 3 testigos llamados por los abogados defensores. Entre ellos estuvieron el abogado especialista en contrataciones públicas, Juan Jesús Cedeño, y el perito Jaime Franco.

La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada, sin transmisión en directo, ni acceso a los medios de comunicación por orden de la jueza Águeda Rentería. De acuerdo a información recabada de fuentes judiciales, así como las fiscales y abogados al salir a almorzar, se han podido conocer detalles de la misma.

“En la mañana de hoy hemos dado continuidad a los testigos, expertos, que han sido aportados por algunos de los abogados dentro de la investigación, en donde ellos han dado explicaciones al tribunal, a las preguntas y repreguntas que ha formulado Fiscalía relacionados a cómo se dan los procedimientos de las contrataciones públicas, específicamente en temas como el que nos está ocupando, que son los proyectos de reordenamiento vial y han expuesto cómo funcionaban las comisiones evaluadoras, cómo se daban los temas de financiamientos”, detalló la fiscal Thalia Palacios.

El Ministerio Público busca demostrar que se cometió el delito de peculado por parte de funcionarios, miembros del Ministerio de Obras Públicas y de la comisión evaluadora que aprobó las licitaciones. Un total de nueve personas están imputadas en este caso. Al preguntarle a la fiscal Palacios sobre la responsabilidad de los miembros de la comisión, respondió lo siguiente: “Después de los alegatos, entonces ya brindaremos un poco más de detalles porque es allí en donde va al Ministerio Público a poder explicarle al Tribunal cuáles son esas consideraciones respecto a la participación activa de los mismos, si así lo consideran”.

La defensa pone en tela de duda el informe de contraloría detallando la lesión patrimonial y con los testigos de hoy buscó establecer las funciones de los miembros de la comisión, destacando que no son ellos quienes fijan los precios, sino la parte contratante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de su representante legal.

El representante legal del MOP en estos actos sería el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, quien ha asistido cada día a la audiencia llevando una mascarilla negra sobre su rostro.

La abogada defensora Abril Arosemena realizó el interrogatorio por parte de la defensa, pero pidió no dar declaraciones hasta que termine la sesión del día de hoy.

Un total de 5 testigos estaban agendados para dar testimonio hoy. Se prevé que la presentación de testigos por parte de la defensa continúe la próxima semana y el martes o miércoles se inicie con la fase de alegatos, empezando por el Ministerio Público y luego dando un espacio de 1 hora a la defensa de cada imputado para presentar sus alegatos.

Este es uno de múltiples casos por irregularidades en millonarios proyectos de infraestructura en gobiernos anteriores. El exministro Suárez ya ha sido condenado por la ampliación de la carretera Arraiján-La Chorrera y espera el fallo en el juicio Odebrecht junto al expresidente Ricardo Martinelli por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La fiscal Palacios aportó una reflexión sobre las lecciones aprendidas durante este juicio. “Nos deja varias lecciones, sobre todo en la forma en que nuestras instituciones deben organizarse de manera interna para no permitir que se puedan dar manejos de los costos estimados o de los precios que tienen cada uno de los proyectos, en la responsabilidad que incurre en cada una de las personas que son designadas en las comisiones devaluadoras para cumplir con su trabajo y definitivamente muchos retos que se dan en materia de contratación pública que deben ser de alguna forma aplicados dentro de la transparencia y rendición de cuenta que tenemos como país”.

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