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- 21/12/2009 01:00
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U na historia complicada, cruel e inhumana para una niña de solo ocho años, nombres y apellidos diferentes y padres distintos que disputan tardíamente una paternidad que tendrá que ser definida por las autoridades, así como los responsables de los delitos cometidos en el traslado de la menor a un país extranjero. Roberto Ruiz Díaz, embajador de Panamá en Ecuador, era un de los pocos panameños con quien la menor hablaba. Durante meses Ruiz Díaz se mantuvo vigilante de las condiciones donde vivía la niña.
En estas conversaciones, la menor le confió que la abuela adoptiva ecuatoriana le quemaba las manitos en la estufa.
En julio se da la alerta internacional por la confusión de que esta menor era Mónica Serrano, la niña secuestrada en Arraiján. La que se buscaba en aquel momento era Mónica Serrano. Al aplicarle la prueba de ADN, se determina que es la niña darienita sustraída ilegalmente del país, aunque en el informe hay registros de que la madre biológica la había cedido.
Aún sin ser acreditado como embajador me puse en contacto con la misión en Ecuador, para que se estuvieran atentos del proceso de la menor. En agosto fuimos acreditados y en principio le pedí a la Cónsul Honoraria de Panamá en Guayaquil que hiciera una visita a la menor y que presentara un informe de las condiciones, del estatus físico y sicológico, en qué lugar estaba recluida.
En agosto, ella nos remite el documento donde nos decía que el albergue no reunía las condiciones. A raíz de la investigación también se determinó que había una serie de maltratos de los familiares con quien la dejaron en Ecuador. La abogada María Auxiliadora Vélez, de la Fiscalía de Guayaquil, se encarga de la niña y la trasladan a una casa.
De Panamá envían la solicitud de la procuradora Ana Matilde Gómez para el regreso de la niña. Se forma un grupo interinstitucional que se encarga del caso y luego llega la solicitud a Ecuador, y es donde entra la delegación diplomática ante la Unidad Central, que es la que tiene que ver con el Convenio Internacional de Tráfico de Menores. Aquí se inicia el procedimiento.
Había dos vías: una era el judicial y la administrativa. La convención establece estos dos procedimientos. Si nos íbamos por la judicial, a la cual me oponía porque había que abrir un proceso ante un Tribunal de Menores, y allí podían participar todas las personas interesadas incluyendo la familia adoptiva, eso nos podía complicar el caso. Nos fuimos por la administrativa y nos dirigimos a la Junta de Menores, que logra resolver las disposiciones.
Luego de los análisis llegan a la decisión de que la niña tiene que ser repatriada, tiene que regresar a Panamá. La resolución está firmada el 9 de diciembre. Inmediatamente me notifican hago todas las gestiones para traer a la niña. Como en el Estado hay procesos burocráticos para la compra de pasajes, yo decidí asumir los costos del traslado de la menor. Me había propuesto traerla antes de Navidad y se logró el objetivo.
A la niña se le preparó sicológicamente. Le explicaron que viajaría a un país que no conocía. Le dimos todas las explicaciones del caso. Independiente de la solicitud que han hecho los padres biológicos de la niña, le toca a las autoridades determinar qué es lo mejor. Lo que se tiene que ver es el bienestar de la menor. Ahí tenemos una niña que fue sacada del país, que necesita ser reinsertada a la sociedad y las autoridades tienen que velar porque el impacto sea el menor posible.
Es una pequeña muy viva y avispada y comunicativa. Antes de despedirme me pidió que le comprara una bicicleta para Navidad.