El MAG pidió a la Asamblea detener la derogación de la Ley 406

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) alzó su voz en un llamado enérgico a la Asamblea Nacional para exigir que detenga la discusión sobre la derogación de la Ley 406, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

El MAG insta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a tomar una decisión firme en relación a las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas y que están en análisis.

La presidente del MAG, Guillermina McDonald, expresó la profunda inquietud del movimiento ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional proceda con la aprobación de la derogación del contrato ley, argumentando que esto podría acarrear graves consecuencias tanto en el ámbito económico como en el jurídico, con un impacto significativo en el país.

“La Asamblea no debe seguir haciendo paso para meternos más abajo de donde estamos”, dijo McDonald, enfatizando su preocupación por el camino que podría tomar el país si se sigue avanzando en la discusión de la derogación del contrato.

“Si se le ocurre continuar con esa discusión de derogar el contrato, eso es nefasto para el país”, recalcó.

McDonald enfatiza la importancia de que la Asamblea se abstenga de continuar avanzando en la discusión actual, ya que considera que esto podría conducir a un escenario incierto y perjudicial para Panamá.

“Lo único que se busca provocar con eso es que frente a un demanda arbitral tengamos graves perjuicios económicos y que han sido advertidos“, precisó.

Además, plantea preguntas respecto a cómo los diputados pueden justificar un cambio de opinión después de haber debatido y aprobado el contrato. Señaló que esto dejaría a Panamá en una posición desfavorable frente a un arbitraje.

Adicional al llamado a la Asamblea, la abogada también critica la decisión del Ejecutivo de llevar al Legislativo un proyecto de ley para convocar a una consulta popular sobre el contrato de ley, considerando que esta medida es extemporánea y, en su opinión, motivada por razones populistas.

Es cierto que el pueblo ya ha tenido la oportunidad de expresar su opinión. Sus voces se hicieron oír y, lamentablemente, no fueron escuchadas. Sin embargo, “insistir en llevar a cabo una consulta pública en este momento no parece ser la opción más adecuada”, aseguró la jurista.

“Eso tampoco nos dará posibilidad, ante un arbitraje, de defendernos”, destacó la abogada.

Desde la perspectiva de la presidente del MAG, especialistas panameños en arbitraje internacional señalan que el panorama es difícil, pero no es imposible que Panamá pueda –a través de los elementos correctos– estar en una posición de ventaja.

El Movimiento de Abogados Gremialistas no solo expresó su posición de manera vehemente, sino que también anunció su intención de presentar sus argumentos y alegatos en las demandas de inconstitucionalidad que actualmente están en curso.

Además, el MAG está trabajando en una nueva demanda de inconstitucionalidad, enriqueciendo su estrategia con elementos legales adicionales.

El posicionamiento del MAG en esta controversia se suma a la creciente tensión y debate en Panamá en torno a este contrato ley, que no solo afecta al ámbito nacional sino que también tiene ramificaciones internacionales.

Adicional dice la jurista que pareciera que el Ejecutivo carece de un gabinete de crisis, dejando la impresión de no contar con un criterio bien meditado.

En lugar de ofrecer soluciones ponderadas, parece que actúa de manera impulsiva, lo que da como resultado una imagen negativa a nivel internacional y contribuye a la percepción de una falta de liderazgo.

La gente, en un sistema presidencialista como el de nuestro país, espera que el gobernante brinde dirección y orientación en momentos críticos. Sin embargo, la falta de una respuesta coherente y bien fundamentada por parte del Ejecutivo está generando incertidumbre.

Las opiniones del MAG coinciden con las de organizaciones sociales y ambientales que apelan a la demanda de inconstitucionalidad.

El movimiento Panamá vale sin minería, que aglutina 45 organizaciones sociales y ambientales, consideró que un fallo de inconstitucionalidad en contra del contrato ley es la alternativa “más ventajosa” para el país ante futuros reclamos de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.

El movimiento, que ha sido uno de los que ha estado protestando en contra del contrato, también apela a la Corte Suprema de Justicia “actuar con la mayor prontitud y urgencia posible en atención a la crisis actual”.