- 12/03/2010 01:00
PANAMÁ. El asesinato de Daniel Carrizo, en su propia casa, ha levantado un coro de voces que pide al gobierno un alto a los hechos violentos que se registran a diario. Pero este joven de 19 años es sólo uno de los 2 asesinatos que ocurren cada día y que el plan “Calles Seguras”, de Ricardo Martinelli, no ha logrado frenar en nueve meses de gestión.
José Domingo Ulloa, nuevo arzobispo de Panamá, dice que para contrarrestar el incremento de la criminalidad es necesario que “nos unamos todos los grupos como sociedad civil, organizaciones, la iglesia y el propio gobierno para rescatar el valor de la vida”.
Ulloa reconoce que es urgente que se presenten programas de rescate para los jóvenes que andan despistados por la carencia de un buen hogar y la desintegración de la familia que es el nucleo de la sociedad.
Sobre el aumento de penas, como la medida mágica para amedrentar a los delincuentes, monseñor señala que es necesario que cada caso delictivo se analice por separado. “El aumento de pena es un tema que debe ir aunado a fortalecer la institucionalidad que es la familia. Porque el flagelo de la violencia es un proceso de conciencia que involucra a todos”.
Rafael Zevallos, líder de la agrupación Jóvenes en Pro de la Seguridad Ciudadana, considera que ha llegado el momento de dejar las banderas políticas para unirse en contra de estos actos de violencia. “Debemos todos juntos enfocarnos en la solución de este problema antes que sea muy tarde”.
Zevallos, uno de los particiapantes de la caminata por la paz realizada ayer en la tarde, recomienda que se haga un cambio, pero un cambio integral en la seguridad, en todos los estamentos de seguridad, e incorporar a la ciudadanía en los planes de prevención sin olvidarse de la parte espiritual.
El líder recomienda devolver las campañas de valores, ética y urbanidad a los estudiantes en las escuelas, en el hogar, esforzarse por tener una familia bien integrada, que funcione como un pilar porque la violencia está cada vez más cerca de la casa y personas inocentes están perdiendo la vida.
El pacifista recomienda que se trate el problema sin hacer comparaciones de estadísticas de meses pasados ni con los niveles que registran los países vecinos, “simplemente este no es el Panamá en el cual estábamos acostumbrados a vivir y necesitamos luchar por recuperalo”.
A la pregunta de qué como solución del problema, el joven recomienda que se empiece por eliminar la impunidad, “esa sensación que hay que el delito paga porque a los delincuentes no se les mete a la cárcel, esa es la medida principal que tenemos que emprender y le compete tanto al Ministerio de Gobierno y Justicia como al Ministerio Público”.
Rosendo Miranda, ex fiscal de Drogas, piensa que hay que hacer una diferencia entre la delincuencia común y la organizada, esta última ampliamente conectada en el extranjero para el desarrollo de su actividad ilícita.
Lo anterior, dice, obliga al Estado a afrontar este tipo de delitos de forma diferente, formando unidades especializadas para combatir este problema.
Miranda, sobre el giro que ha dado la criminalidad en los últimos meses, dice que todo esto son secuelas de las otras actividades delictivas. “El hecho de que Panamá sea un país de tránsito de drogas eso trae consigo otras acciones, como el tumbe de drogas que a su vez ramifica otras actividades”.
El ex fiscal lamenta que en esta cadena de actividades mueran muchos panameños inocentes, y propone que todo delito tiene que ser debidamente identificado, “tenemos que saber cuáles grupos operan internamente en Panamá, dónde operan y cómo operan”.
Hasta ayer por la noche, las autoridades policiales habían capturado a tres de los cuatro presuntos implicados en el asesinato del joven.
