‘Negarse a investigar hace cómplice a la Asamblea’: diputada Chong sobre abusos en Bocas del Toro

La diputada colonense de la Coalición Vamos, Yamireliz Chong, realizó un firme llamado a la creación de una comisión de investigación para las posibles violaciones a los derechos humanos en las provincias de Bocas del Toro, Darién, la comarca Ngäbe-Buglé y otras partes del país.

Chong hizo alusión al Artículo No. 64 del reglamento interno de la Asamblea Nacional que permite la conformación de este tipo de comisiones, las cuales deben responder a un interés de orden público.

Para ello, se requiere la firma de un parlamentario de cada bancada, pero los diputados del Partido Realizando Metas (RM) no han apoyado dicha solicitud, lo que mantiene trancada la propuesta.

“Una vez más esta asamblea se niega a cumplir con su rol. Lo que empezó como manifestaciones legítimas de personas que exigían ser escuchadas ha derivado en múltiples denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos. La asamblea se hace indiferente y decide no actuar”, dijo la diputada en el pleno de la asamblea de este 10 de julio.

Chong también aclaró que las funciones de esta comisión no tratan solo de visitar Bocas del Toro, sino también de efectuar recomendaciones para garantizar la justicia y la no repetición de los hechos.

“Negarnos a investigar sería hacernos cómplices por omisión de algo que pudo haber estado mal. Este órgano del Estado no puede ser una extensión del ejecutivo”, exigió en su intervención.

Una petición más a la fila

El reciente martes 8 de julio, comunidades indígenas, docentes y defensores de los derechos humanos alzaron una petición a la Asamblea Nacional para consolidar una Comisión de la Verdad que reúna testimonios y evidencias para arrojar luz sobre lo sucedido en Bocas del Toro y también en las regiones de Chiriquí, Veraguas y Panamá.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por su parte, presentó un informe preliminar con más de 1,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, que reportan detenciones arbitrarias y trato cruel e inhumano.

Previamente, el jueves 3 de julio, la Defensoría del Pueblo reveló los resultados preliminares de 104 entrevistas de personas que fueron aprehendidas durante el estado de urgencia de Bocas del Toro, decretado a raíz de los cierres de vías por las protestas a la Ley No. 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

En este reporte preliminar la Defensoría encontró casos de detenciones arbitrarias, negación de atención médica, además de tratos inhumanos y degradantes, así como maltrato físico, coacciones para obtener confesiones y traslados sin registro.

El Ministerio Público avanza la investigación de al menos tres muertes durante el contexto de protestas. La de un joven estudiante en la comunidad de Rambala y otro en Chaguinola, presuntamente por arma de fuego. También la muerte de una niña asfixiada por gases lacrimógenos, según las Aldeas Infantes SOS. Organizaciones de derechos humanos señalan a la fuerza pública, la Policía lo niega.

El 14 de junio el gobierno inició la Operación “Omega”, la estrategia del gobierno para terminar por la fuerza con las protestas con cierre de vías, lo que implicó un masivo despliegue policial en Bocas del Toro. El Ejecutivo también ordenó las suspensión de las garantías constitucionales y el bloqueo de las comunicaciones por 10 días en la provincia.