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- 08/09/2016 02:00
El Ministerio de Gobierno busca establecer un nuevo régimen para los custodios que se encargan de vigilar los centros penales del país
Una propuesta de ley que busca que el Sistema Penitenciario panameño cuente con un cuerpo de funcionarios disciplinados, con estabilidad laboral y con una estructura de jerarquía, está a la espera de ser sancionada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
La iniciativa, aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional de manera unánime, desarrolla la Carrera Penitenciaria e incorpora al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, modificando la Ley 55 de 2003.
La norma busca que el Sistema Penitenciario garantice la seguridad y propicie la rehabilitación para la reinserción de las personas privadas de libertad ‘en la senda de los derechos humanos'.
MARÍA LUISA ROMERO - VICEMINISTRA DE GOBIERNO
‘El reto que les espera como autoridades es enorme. Tomará un año la implementación de la ley'
La propuesta establece dos tipos de escalas del servicio penitenciario: la operativa y la técnica.
Asimismo, se establecen requisitos de ingreso para cada una de las escalas con un sistema jerarquizado en el cual el personal de carrera podrá ascender con base a la experiencia adquirida, la capacitación continua y el desempeño.
Las especificaciones se dan para mejorar las condiciones del recurso humano que presta sus servicios en esta institución.
También se crean una serie de órganos colegiados, como la junta de reclutamiento y selección, que ocupa una función prioritaria en la aplicación estricta de procesos de selección científico y objetivo; la junta de evaluación de desempeño, que debe verificar el rendimiento de todos los servidores de Carrera Penitenciaria y así promover los ascensos o bajas cuando correspondan; y un sistema de Juntas Disciplinarias local, para investigar y sancionar, de forma efectiva, las actuaciones del personal de carrera conforme al régimen disciplinario.
A su vez, se establecen los derechos y las obligaciones del personal de Carrera Penitenciaria, en consonancia con su función social, como parte de la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Según las cifras oficiales, el Sistema Penitenciario panameño cuenta con aproximadamente 900 custodios para un total de 17 mil personas privadas de libertad. Es decir, un custodio por cada 20 personas privadas de libertad, mientras que los organismos internacionales señalan que lo ideal para la vigilancia sería un custodio por cada seis o siete personas privadas de libertad.
Esto conlleva sobrecarga de horarios para el personal, riesgos para la seguridad y renuncias constantes, aumento significativo de irregularidades relacionadas a posibles casos de corrupción.
LA CORRUPCIÓN
El pasado 10 de agosto se dio a conocer la Operación Reclusión para desmantelar una red de corrupción en centros penitenciarios de Panamá y que concluyó con trece arrestos.
El seguimiento que comenzó hace un año, fue desarrollado por distintos estamentos de seguridad y desveló pagas por traslados, falsificación de documentos para libertades condicionales y baja de penas, entre otras irregularidades que vinculaban a funcionarios y civiles.
‘La corrupción en los centros penitenciarios aumenta las desigualdades reales entre los reclusos, al acentuar la vulnerabilidad de los más débiles y provocar un desequilibrio en la distribución de los escasos recursos con que cuentan las cárceles', señaló la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos para derechos humanos y aplaudió, ‘los esfuerzos de Panamá para combatir y erradicar las redes de corrupción en el sistema penitenciario'.
La ley aprobada va en la línea de estos esfuerzos, expuso Milton Henríquez, ministro de Gobierno, quien además explicó que a través del proyecto de ley 357 que desarrolla la Carrera Penitenciaria e incorpora al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, se tomarán en cuenta acuerdos internacionales como las ‘Reglas Mandela', que establecen que es indispensable que el personal penitenciario cuente ‘con la seguridad de que la estabilidad en su empleo depende únicamente de su buena conducta, la eficacia de su trabajo y de su aptitud física'.
Al respecto, la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, destacó que el reto que les espera como autoridades es enorme, pero se ha logrado lo más importante, que es que la Asamblea Nacional entendiera la importancia de este proyecto y ahora le tocará al Ministerio de Gobierno y al Sistema Penitenciario ejecutarlo.
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