Policías condenados por muerte de menores calcinados siguen en planilla

El 9 de enero de 2011, siendo José Raúl Mulino ministro de Seguridad, la Policía Nacional arrojó latas con gases lacrimógenos dentro de una celda, lo que ocasionó un incendio que acabó con la vida de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Los menores murieron calcinados, uno de ellos con quemaduras en más del 98 % del cuerpo. Pasaron nueve años hasta que se logró la condena de los policías en 2020, y ahora en 2025 el presidente José Raúl Mulino les concede una reducción de pena.

Tres de los policías condenados que fueron beneficiados con reducción de penas se han mantenido cobrando en la planilla de la Policía Nacional. Así lo revela el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

El portal, actualizado a junio de este año, detalla que Maikol González devenga $1.200,20 mensuales en sueldo y sobresueldo, ocupando el cargo de cabo segundo; Joel Rodríguez $1.673,40 como subteniente, y Eduardo Barreno Bernal $1.316 como cabo primero de la Policía.

Los tres fueron condenados originalmente en 2016 por los cargos de homicidio agravado en perjuicio de cinco menores, homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de dos menores y vejámenes contra privados de libertad. Barreno fue condenado a 46 años de prisión, mientras que González y Rodríguez fueron condenados a 40. Junto con ellos, fueron condenados Luis Carlos Ortega y Ángel Rivas a 46 años, mientras que Rogelio Blake recibió una condena sólo por vejámenes contra privados de libertad. Los policías presentaron un recurso de apelación y finalmente en 2020 fueron sentenciados al centro penitenciario El Renacer.

Pasaron menos de cinco años en El Renacer cuando el presidente Mulino emitió el Decreto Ejecutivo 24, concediendo la rebaja de pena a 166 personas por delitos comunes, incluyendo Joel Rodríguez, Eduardo Barreno, Maikol González y Ángel Batista.

Se trata de una potestad constitucional del presidente de la República, pero para el abogado Carlos Herrera Delegado, que representó a los familiares de los jóvenes fallecidos, manda un mensaje funesto. “Ese es un delito que ocurrió precisamente cuando el actual presidente de la República tenía injerencia en el aparato de seguridad del Estado, por lo cual nosotros somos del criterio de que él respalda que ese tipo de situaciones queden en impunidad”, manifestó. “Nuestra insatisfacción crece aún más porque al momento que se hizo este anuncio, nosotros hicimos las consultas con el sistema penitenciario y por otro lado presentamos los escritos en el tiempo oportuno para oponernos, porque resulta que estos sujetos no habían cumplido ni siquiera un tercio de la pena que les fue asignada por los tribunales de justicia. Y a pesar de habernos opuesto de manera formal y escrita, no se tomó ningún tipo de opinión respecto a lo que nosotros presentamos”, añadió.

El abogado ya presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción luego de corroborar que los policías siguieron cobrando después de la condena, añadiendo que algunos incluso se llegaron a jubilar mientras estaban detenidos.

“Eso todavía deja un sabor más agridulce, porque demuestra que no solamente estas personas no cumplen la pena, sino que siempre tuvieron condiciones más favorables, que el Estado a personas condenadas por homicidio les pagó hasta el último centavo y que ahora que ostentan el poder personas que estuvieron en el aparato de seguridad en ese periodo del 2009 al 2014, usan el poder para beneficiar a estas personas. Parece que no hay certeza del castigo y que hay impunidad para el que de alguna u otra manera tiene relación con el órgano Ejecutivo”, lamentó el abogado.

El Decreto Ejecutivo 393, que reglamenta el Sistema Penitenciario, establece en su artículo 99 que para que una persona sea elegible a libertad condicional, debe haber cumplido dos tercios de su pena. “Y esto no ocurre en este caso. Por eso para nosotros es violatorio de la ley. Y te puedo adelantar que estamos evaluando atacar ese decreto ejecutivo que emite el presidente a través de los mecanismos constitucionales”, apuntó Herrera.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, abogada y excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también compartió su repudio a la reducción de pena. “Es realmente una vergüenza para la justicia, un mensaje de impunidad para las familias de esos adolescentes y una forma de propiciar más violencia. Cuando hay certeza del castigo se genera confianza en el sistema de justicia y también se manda un mensaje de una justicia igualitaria. Queremos que haya paz social, y no es posible sin justicia para las personas más vulnerables, ni respuestas sociales de educación, alimentación, salud, vivienda y oportunidades”, afirmó.

La Estrella de Panamá contactó a la Policía Nacional para saber si los oficiales fueron dados en algún momento de baja, si reciben salarios y de ser así, si pagar a funcionarios convictos con sentencia en firme está en línea con el reglamento de la institución, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.