Magistrados: elección política

La Corte Suprema, organismo rector de la administración de justicia en el país, no goza de la confianza de gran parte de los profesionales que participan del sistema judicial.

Los resultados de una encuesta respondida por 169 abogados del país arrojan datos espeluznantes: el 53% de la muestra dijo que en la Corte Suprema de Justicia hay tráfico de influencias ‘regularmente’ y el 30% asegura que esa situación se da ‘siempre’.

A la pregunta ¿de quién sería la responsabilidad de esta situación?, un 37% dijo que es responsabilidad de los jueces, pero un 27% indicó que la responsabilidad recae en las partes interesadas.

En cuanto al sistema de elección de los jueces, los abogados de la muestra asumen malas intenciones por parte del ente nominador: a su juicio, los fundamentos más utilizados para el nombramiento de los magistrados serían la afinidad política, las relaciones personales y la afinidad empresarial.

Entre los magistrados de la Corte, el que goza de mayor credibilidad actualmente es Harley Mitchell, seguido de Oydén Ortega Durán.

El que menos credibilidad tiene es José Ayú Prado, sin contar al magistrado separado, Alejandro Moncada Luna.

UN CASO MUY RARO

‘Mi nombramiento como magistrada de la Corte Suprema de Justicia se dio en medio de una crisis institucional. El entonces presidente Martín Torrijos no quería ser criticado por hacer una elección politizada y Teresita Yániz, diputada en aquel momento, le sugirió mi nombre como el de una persona independiente y con carrera en el Órgano Judicial’, recuerda la exmagistrada de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño.

‘Mi caso no es el común. Lo común es que se designe en la Corte a personas conectadas con el poder y con los intereses establecidos’, continúa Arosemena de Troitiño, en una dura crítica al sistema de elección de magistrados de nuestro máximo órgano de justicia.

Arosemena de Troitiño no es la única que critica el sistema de elección y tampoco es la primera que lo hace.

La elección de los jueces ha sido un tema polémico desde que el presidente Guillermo Endara, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, solicitara la renuncia de ocho de los entonces nueve magistrados.

Muchos calificaron a la de Endara como una ‘corte de lujo’, integrada solo por respetados juristas y profesores de Derecho: Carlos Lucas López, Rodrigo Molina, Raúl Trujillo Miranda, Arturo Hoyos, José Manuel Faúndes, Edgardo Molino Mola, Aura Emérita Guerra de Villalaz, Fabián Echevers y el maestro de maestros, César Quintero Correa.

A pesar de su falta de afiliación política, del lado del espectro partidista, Mitchell Doens y otros miembros del PRD —partido que perdió el poder en 1989— desacreditaron el nivel de los magistrados, tachando a la Corte de ‘estar integrada por personas afines al gobierno de Endara, nombradas en un ambiente de persecución’.

Si Endara nombró a gente en la que confiaba, lo mismo hizo el presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien al ser acusado de nominar a simpatizantes del PRD, respondió: ‘sí, claro, no van a ser mis enemigos’.

Durante su mandato, Pérez Balladares hizo cuatro nombramientos: Rogelio Fábrega (exministro de la Presidencia y de Hacienda y Tesoro en tiempos del régimen militar avalado por el PRD); José Troyano (viceministro de Comercio e Industrias de su mismo periodo presidencial); Graciela Dixon (simpatizante PRD) y Arturo Hoyos.

Durante su presidencia, Mireya Moscoso (1999-2004) nombró a tres abiertos simpatizantes del arnulfismo: César Pereira Burgos, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista y Aníbal Salas Céspedes, más el independiente Adán Arnulfo Arjona.

Por Martín Torrijos (2004-2009) fueron nombrados tres allegados a su partido: Oydén Ortega Durán, Harley James Mitchell Dale, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides, más la independiente Esmeralda de Troitiño.

‘El sistema de selección siempre va a ser cuestionado, porque se trata de un puesto de poder’, indicó Esmeralda de Troitiño, quien, aduce, sin embargo, que ‘el sistema colapsó durante el periodo de Mireya Moscoso, con el escándalo del Cemis, que, en su concepto, no fue otra cosa que el pago de sobornos para garantizar el nombramiento de un exministro y un exdiputado, ‘ personas absolutamente vinculadas con los intereses políticos y económicos’ de la presidenta y de su partido.

‘Eso llevó hasta el límite la fórmula de nominación del Ejecutivo y ratificación por el Legislativo’, indicó la exmagistrada.

Para Teresita Yániz, el sistema volvió a ‘caer en el lodo’ con Ricardo Martinelli. Ella recuerda haber ido a la Asamblea, que entonces discutía la nominación de uno de los candidatos de Martinelli a la corte, para denunciar, junto con un grupo de mujeres activistas, que éste no reunía los requisitos necesarios para esa posición.

El grupo expuso ante la comisión la experiencia de una de las mujeres presentes, a quien el nominado supuestamente habría dado a entender (en relación a uno de los casos que manejaba en una posición anterior) que ‘podría acelerarse con un depósito de $15 mil’.

La Comisión de Credenciales se limitó a señalar que ‘el nombramiento ya estaba acordado’.