Procurador González advierte sobre burocratización de normas de transparencia

El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que con el proyecto de ley 1031, que busca modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se pudiera, en alguna medida, estar burocratizando el derecho de petición y de acceso a la información e iría en detrimento de uno u otro derecho.

González remitió ayer una carta al presidente de la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, el diputado Leandro Ávila, en la que emite sus consideraciones sobre la iniciativa.

En la misiva, González precisó que las reformas a la Ley de Transparencia, impulsadas por el Órgano Ejecutivo, deben garantizar principalmente la regulación del ejercicio de la figura del habeas data como mecanismo eficaz para tutelar el derecho de acceso a la información.

También planteó que un juicio de valor claro, que se desprende del presente proyecto de ley, es la rendición transparente de la información, pero se requiere mayor eficacia respecto a la acción del habeas data.

La comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se declaró en sesión permanente y los diputados aprobaron ampliar el proceso de consulta.

El diputado Ávila manifestó que la decisión de ampliar las consultas se tomó luego de que una subcomisión entregó un informe con propuestas de modificación al documento, y aseguró que algunos sectores de la sociedad civil las ven como buenas.

“La comisión de Gobierno se ha declarado en sesión permanente y el próximo miércoles vamos a tener un contradictorio de lo que tiene que ver con la protección de datos personales versus el tema de la transparencia para poder llegar a una conclusión final”, precisó.

Agregó que no tienen mayor apuro en la aprobación de este documento y que no habrá un solo retroceso sobre la Ley de Transparencia. “Va a haber avances”, recalcó.

Explicó que en la próxima reunión recogerán la información de todas las organizaciones para hacer un comparativo, y al final se tomará una decisión, ya sea que se conforme después una mesa técnica para ver la conveniencia o no de determinados artículos.

A la sesión, entre otros representantes de la sociedad civil, acudió Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien, a pesar de que se anunció la ampliación del proceso de consultas, consideró que lo mejor es devolver el proyecto al Órgano Ejecutivo.

“Debe haber una verdadera consulta ciudadana, sin apuros y sin presiones, con la verdadera posibilidad de que haya participación provincial, comarcal y comunitaria en una de las leyes más importantes del país, como es la Ley de Transparencia”, indicó.

Expresó que a diversas organizaciones no gubernamentales y ciudadanas les preocupa enormemente este proyecto de ley, porque aunque mantiene algunos puntos interesantes en las definiciones y principios de la Ley de Transparencia, las vías para hacer cumplir la ley este proyecto las complica, las desmejora y crea un entramado burocrático que no sabemos cómo va a funcionar.

Citó como ejemplo, que en cada entidad pública hasta los gobiernos locales, se nombre a un funcionario que manejará el tema de transparencia.

“Podemos estar hablando de miles de nombramientos de funcionarios de transparencia nuevos en cada entidad, y ahora la responsabilidad personal de los funcionarios en relación a la información que custodian quedará completamente diluida”, advirtió.

Elsa Fernández, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, entidad que impulsa este proyecto, avaló la ampliación del proceso de consultas para seguir perfeccionando el proyecto. “Mientras más ciudadanos y ciudadanas aporten en la construcción de la transparencia es mucho mejor, es la misma línea y objetivo que tiene esta entidad”, destacó.

Frente a las críticas al proyecto sostuvo que más que cuestionamientos, son consideraciones en las cuales cada persona ve la transparencia desde su óptica.

“Entonces, si todos tenemos un objetivo común que es trabajar en el tema de la transparencia, eso nos hace tener la meta de seguir todos juntos hacia adelante”.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se sumó a las organizaciones que adversan este proyecto, y pidió el retiro del mismo.

“Apoyamos la solicitud para que se retire el proyecto de ley 1031 y compartimos el criterio de que, en las actuales circunstancias, el ambiente político electoral que vive el país no ofrece las condiciones adecuadas para el debate de una iniciativa tan importante”, consideró la Capac.