Protestas, diálogo y la espera que carcome a Isla Colón

Una turista estadounidense llega a un restaurante de comida criolla, mira el menú y pide a la señora Roselis, administradora del local, unos “panckaes” para almorzar.

Una solicitud extraña para una fonda, pero no en Isla Colón, cuya principal dinámica económica y social se funde en torno al turismo.

Ubicada en el Archipiélago de Bocas del Toro, la paradisíaca isla es un famoso destino de fiesta y playa, que ahora sufre las consecuencias de la crisis desatada tras la aprobación de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Roselis explica a La Estrella de Panamá que, de los diez trabajadores que tenían en el restaurante -cuyo dueño es otro norteamericano que no vive en Panamá-, ahora trabajan con cuatro. La pandemia fue la prima herida de la cual no se pudo recuperar la isla, luego los viejos problemas de agua ppotable alcantarillado y otros letargos que de manera contradictoria aún no se han resuelto, a pesar del boom turístico que obliga a mejorar la infraestructura de servicios.

Como acabose, cuenta Roselis mientras suspira, el paro por la Ley 462 complicó todo. Conseguir verduras, carnes o aceite, se ha vuelto una odisea que cuesta el doble por la especulación producto de la escasez, misma que se agravó con la suspensión del tránsito de los puertos de Almirante y Chiriquí Grande por parte de las autoridades ante los cierres.

“La huelga y cierres nos golpearon, ahora estas medidas de la Policía. Entiendo hay que poner orden, pero ¿por qué no usar otra vía para solucionar esto?”, reclama la mujer de 69 años, de los cuales 21 ha sido administradora del restaurante.

Para el empresario y presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, Manuel Sanjur, se trata de resolver el asunto de manera rápida y sin desestimar la vía de la fuerza. ”Existe mucha desinformación, son personas presas de la cultura del tiktok, de creer lo primero que vez en redes. Además quien cierre debe caerle el peso de la ley”, dijo.

El 14 de junio el Gobierno autorizó la “operación Omega”, un duro despliegue policial por tierra, aire y mar para romper los cierres por la fuerza a lo largo de la provincia. A pesar esta ofensiva en tierra firme, los cierres persisten. Maestro e indígenas, quienes mayormente figuran en estas protestas y piden derogar la ley. Pero el presidente José Raúl Mulino ha sido tajante: la 462 no será revisada ni derogada, lo que deja poco margen acercar posiciones.

Mientras tanto, en la isla, Ernesto de 28 años, piensa que debe haber un punto medio en todo esto. “El ferry con comida no llega y ya dos de las tres empresas que construyen en la isla dejaron a los trabajadores en su casa. Esto no se resiste, si a la brava no se termina esto, deberíamos abrir un debate el jueves cuando el presidente habla y explicar la ley para corregir lo que no gusta”, subraya el obrero nacido en Isla Colón, que no terminó la escuela primaria luego de convertirse en padre a los 16 años.

Ernesto recuerda que tareas sencillas como retirar dinero de un cajero ante la falta de efectivo o conseguir combustible, sea vuelto un problema cada vez más acuciante.

En tanto, los grandes hoteles de la zona se han visto obligados a reducir su equipo de trabajo ante una caída de la demanda. Algunos con 70 habitaciones y que en estas fechas –temporada baja- deberían tener por lo bajo 40 reservas, ahora solo tienen cinco.

Lorenzo es gerente uno de los hoteles grandes, es decir, con el capital suficiente para sortear la crisis por un tiempo corto; pero igual toma medidas. “Hemos decido racionar el gas, además tengo un chef que le tomó cuatro horas llegar a su puesto, cuando es un trayecto de 30 minutos, dijo. Piensa que la gente que protesta desconoce la ley, aunque no descarta buscar una salida negociada.

Ángel, microempresario y con negocio de comida criolla, mira el problema como una cuestión de voluntad, que parece no buscarse. “Yo tengo que pagar cuentas y resolver. No estoy de acuerdo con la Ley 462, pero los cierres me están afectando mi negocio. Si hay que dialogar, no se qué estamos esperando”.

El gobierno ha insistido que la Ley 462 no será derogada, mientras que los grupos en protesta piden que se abra un espacio para revisar la norma con intermediación de la Iglesia Católica. Por ahora, Bocas del Toro, una región marcada por profundas desigualdades, el diálogo aún perece estar muy lejos.