Sector minero | Marcharán este 22 de junio para denunciar los efectos de su paralización

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) anunció este martes 17 de junio que llevará a cabo una marcha pacífica en Penonomé, este 22 de junio a las 9:00 a.m., con el propósito de elevar la preocupación de este sector frente a la crisis que enfrenta después de la paralización de las operaciones mineras.

Roderick Gutiérrez, presidente de Camipa, recalcó la productividad del sector minero en el producto interno bruto del país, al que atribuye más de un 5%. A su vez, señala las repercusiones en maquinaria que representa el cese de operaciones.

“Es un área industrial que ha estado cerrada por casi 18 meses; se ha visto afectado el tema de las infraestructuras y equipos, los cuales necesitan realmente reactivarse para poder evitar que el daño sea mayor”.

En el aspecto laboral, Gutiérrez valora que se trata de 40,000 empleos directos e indirectos que se perdieron, cifra que se remonta a las planillas de 2023.

Respecto a las inquietudes de la población sobre los daños ambientales por la actividad minera, el ingeniero consideró que: “Sabemos que es un tema que levanta pasiones. El sector que ha estado en contra es más que todo, por desinformación”.

En una entrevista con la decana a inicios de este año, el director ejecutivo de Camipa, Zorel Morales, expresó que: “Nadie, hasta este momento, ha presentado una prueba de que la mina ha contaminado, matado gente, generado cáncer o acabado con las poblaciones aledañas a la mina”.

Gutiérrez hizo un llamado al diálogo al órgano ejecutivo, expresando que hasta la fecha no se ha realizado ninguna reunión. “Nosotros somos un ente asesor. El objetivo aquí es buscar la mejor solución para todos”, dijo.

Por otro lado, Camipa explicó que existen 40 mil toneladas de mineral extraídas, que forman parte del Plan de Gestión de Sustentabilidad (PGS); este proceso podría tomar hasta ocho meses y no es considerado como una actividad regular operativa.

En el plan, se contempló la extracción de 121 mil toneladas métricas de concentrado de cobre almacenadas en sus instalaciones, lo que significa más de un 60% de trabajo pendiente.

Este plan fue aprobado después de que se declarara inconstitucional la Ley No. 406 de 20 de octubre de 2023, que permitía la concesión de un contrato entre la empresa Minera Panamá, S. A. y el Estado panameño. El PGS, según se especificó oficialmente, busca preservar el medio ambiente y realizar una gestión segura.