Una renuncia y dos detenciones en caso de la Senniaf

La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no logra salir del ojo de la tormenta. En pleno escándalo por abusos a menores en 14 albergues del país, la directora Mayra Silvera, que no tenía dos meses de haber tomado posesión, presentó su renuncia al cargo este jueves 4 de marzo.

Sin explicación oficial a la opinión pública sobre las causas que la llevaron a tomar la decisión, la abogada que durante el gobierno de Juan Carlos Varela fungió como asesora legal de la Senniaf, dijo haber sido forzada a firmar su carta de renuncia. Silvera es la segunda directiva que abandona el cargo durante la administración de Laurentino Cortizo, precedida por Sara Rodríguez y Carla García, directora y subdirectora, respectivamente, quienes el 7 de enero presentaron renuncia.

Silvera dijo a Radio Panamá que la carta de renuncia le fue presentada en una nota redactada en la que se anunciaba su dimisión al cargo desde este jueves por razones de índole personal y profesional. “Me siento humillada, traicionada y utilizada”, dijo en la entrevista.

En un principio una fuente de Presidencia indicó que se debió a una diferencia con el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien cuestionó su vinculación a la institución en medio de los abusos.

Luego, una fuente de entero crédito de la Defensoría del Pueblo explicó a este medio que durante esta semana la junta directiva de la Senniaf ofreció cortesía de sala a Leblanc. Durante la sesión, Silvera informó que alrededor de 40 niños migrantes se encuentran en albergues, lo que llamó la atención de Leblanc y pidió a la directiva una lista de los niños y las nacionalidades, y esta se comprometió a hacerlo, pero sin registrar una discusión entre ambos. Cuando la directiva continuó con el siguiente punto de la reunión, el de presupuesto, Leblanc se retiró.

Silvera asumió la dirección de la Senniaf justo cuando una subcomisión legislativa entregó un informe sobre las anomalías halladas en 14 albergues del país. Como parte de las acciones de respuesta, la junta directiva de la Senniaf ordenó redoblar la vigilancia de los albergues en manos del Estado. Bajo la administración de Silvera, la entidad no divulgó un plan estructurado que ofreciera una hoja de ruta para subsanar las irregularidades en los albergues.

Extraoficialmente se conoció que se designaría en el cargo al abogado y docente de la Universidad de Panamá, Félix Paz, con especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

El Ministerio Público, a través de las fiscalías Anticorrupción y la sección de Familia, realizó este jueves 4 de marzo diligencias de allanamiento y aprehensión de dos personas relacionadas con las investigaciones por la presunta comisión de delitos en albergues del país.

En la primera la fiscalía lleva a cabo una investigación sobre supuestas irregularidades en el uso de fondos en el albergue Funchipa, ubicado en Tocumen, donde supuestamente se identificaron tres cheques que se giraron fuera del presupuesto del albergue y que aparentemente violaron el reglamento del Decreto 3 del 8 de marzo de 2016, mediante el cual se establecen los porcentajes del uso de los subsidios que deben emplearse en asuntos administrativos, servicios profesionales, planilla y gastos del programa social.

Este jueves, la primera diligencia del Ministerio Público fue el allanamiento de una residencia en La Chorrera donde se aprehendió a una mujer presuntamente involucrada en el delito contra la administración pública, es decir, en el uso de los subsidios que entregaba el Ministerio de Desarrollo Social a dicho albergue, que se contabilizaban en $50 mil mensuales.

Se trata presuntamente de Neryet Moreno, presidenta de la junta directiva del albergue Funchipa.

En la carpeta de investigación está consignado un poder que entregó la representante legal de la fundación, Xenia Neryet Moreno, a la directora del albergue Xenia Medina Corpas.

A Funchipa se le realizó una auditoría de las finanzas de abril al 31 de diciembre de 2020 que identificó varios gastos sin factura fiscal a nombre del albergue.

La fiscalía determinará quién firmó los cheques, quién los endosó y el motivo por el cual se giraron; esa información debe contrastarse con el uso que se otorgó al subsidio. Hubo varias llamadas de atención a la fundación para que se ajustara al Decreto 3 del 8 de marzo de 2016 que establece el uso de recursos del Estado.

La segunda detención fue a una mujer presuntamente vinculada al delito de maltrato al menor en un albergue. Este medio conoció que se trata de una asistente de la cuidadora, con un perfil mínimo de primer ciclo de secundaria, pero que tenía “influencia” con los chicos. “Ponía orden en las casas y el resto de las cuidadoras principales respetaban su opinión. Era una figura ligada a la dirección y como tal tenía acceso a la profesora Xenia Medina”, indicó una fuente relacionada con el tema.

A las renuncias mencionadas se sumó la del procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, quien en una nota manifestó “la incapacidad de trabajar con un sistema que dé soluciones a situaciones tan críticas como la niñez”, redactó en la nota.