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- 05/11/2013 01:00
PANAMÁ. Lo que sería una decisión de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia podría encender las luces de alerta entre los partidos políticos y la sociedad civil ante una amenaza que se cierne sobre las decisiones que tome el Tribunal Electoral y sus facultades constitucionales.
A solo seis meses exactos de que se celebren las elecciones generales, para escoger al próximo presidente de la República, la Sala III habría acogido y dado curso a un reclamo que sentaría jurisprudencia en la doctrina panameña.
En este caso, la preocupación se fundamenta en que se estaría atentando contra el artículo 142 de la Constitución Nacional que otorga privativa competencia al Tribunal Electoral de interpretar los temas en materia de procesos electorales.
Se señala, en el artículo constitucional mencionado que la norma: ‘tiene el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular’.
LA PREOCUPACIÓN
Ayer circuló la versión de que esta Sala a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, podría haber admitido un recurso presentado por el movimiento Panamá Avanza que encabeza el exvocero presidencial, Alfredo Prieto contra una cuña de televisión contra el candidato presidencial, Juan Carlos Navarro.
Según trascendió, la decisión de la Sala III, se fundamentaría en que el mandato del Tribunal Electoral de suspender la cuña contra Navarro podría ser violatoria a los derechos humanos del grupo demandante.
DECISIÓN PELIGROSA
En este caso, la orden del Tribunal Electoral de sacar del aire la cuña contra Navarro podría constituirse en una violación al derecho de libertad de expresión del grupo en mención.
Fuentes consultadas por La Estrella, consideran que una decisión como esta podría ser ‘alarmante y hasta peligrosa’.
Advierten, incluso, que una acción de este tipo podría dar valor a algunas elucubraciones que han circulado a lo interno de los partidos políticos y que han circulado desde hace varios meses entre la clase política nacional y la sociedad civil que siente temor de que el Gobierno Nacional pretenda inmiscuirse en temas inherentes al Tribunal Electoral y el proceso de elecciones.
A la vez permitiría evaluar cuál sería el escenario o cómo sería la reacción de las fuerzas nacionales en el caso que la Corte Suprema se inmiscuya en una de las decisiones electorales.
También dejaría las puertas abierta para que se considere la posibilidad de interponer algún recurso similar, ante la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 178 de la Constitución Política de la República que prohíbe la reelección presidencial.
La Corte, alegan las fuentes consultadas, ante un recurso de este tipo podría determinar que la prohibición de la reelección presidencial podría ser un acto violatorio a los derechos humanos del ciudadano presidente de la República y declarar que el artículo en mención es violatorio a la misma Constitución y dejar abiertas las puertas para que cualquiera de los expresidentes que tienen vedado el derecho a postularse puedan hacerlo en las elecciones del 2014.
¿REELECCIÓN?
Las fuentes consultadas por La Estrella, consideran que bajo el argumento de la protección de los derechos humanos, se estaría disfrazando la verdadera intención de las estructuras del gobierno de intervenir en el proceso electoral que iniciaría formalmente el 4 de enero próximo y que concluiría con las elecciones generales de mayo del 2014.