Anteproyecto de ley busca definir qué es un delito político

¿Persecución política o delincuencia común? Desde el expresidente Ricardo Martinelli hasta el líder sindical Saúl Méndez, el debate sobre las motivaciones detrás de procesos judiciales y las justificaciones para solicitar asilo generan división en la opinión pública.

Este miércoles 9 de julio, la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, presentó un anteproyecto de ley para definir exactamente qué se considera como un delito político.

“La intención con esto es que personas condenadas por delitos comunes no puedan verse beneficiadas, so pretexto de que se quiera considerar su caso dentro de la definición de un delito político cuando no lo es”, manifestó Prado a La Estrella de Panamá.

La iniciativa surge también como una respuesta a la propuesta presentada por el diputado Jairo Salazar “que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones relacionadas con la amnistía” y apoyada por el diputado y exvocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, quien también presentó el año pasado una propuesta legislativa que modificaba los códigos Penal y Procesal Penal en lo relativo a la amnistía, rebaja de pena, indulto y la concesión de rebaja condicional.

“Durante el debate del proyecto del diputado Camacho, e incluso del diputado Salazar sobre el tema de amnistía, se ponía de manifiesto la carencia dentro de nuestra legislación de la definición de delito político”, afirmó Prado. “Lo que ellos habían presentado inicialmente era un proyecto de amnistía enfocado en delitos específicos, delitos que además correspondían a los casos de más alto perfil de casos de corrupción en nuestro país. Entonces, nada tienen que ver con la definición propiamente que en los fallos reposa sobre lo que se debería considerar que es un delito político”, añadió.

De acuerdo con la iniciativa legislativa de la diputada, los delitos políticos serían aquellos contra la personalidad jurídica del Estado y los delitos electorales. No serían considerados delitos políticos el homicidio, la “inflicción” de lesiones corporales serias, terrorismo y su financiamiento, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la libertad individual ni delitos contra la administración pública. Tampoco entrarían en esta categoría el uso de sustancias o aparatos explosivos o incendiarios que pongan en riesgo la vida humana o causen daños materiales sustanciales. Además, se excluye a quienes intenten o conspiren para ser cómplices de los delitos anteriormente citados y quienes cometan delitos contra la humanidad.

“Esta normativa permitirá establecer límites objetivos que eviten interpretaciones antojadizas del concepto de delito político, al tiempo que preserva su función histórica como garantía para quienes luchan legítimamente por un cambio político o social dentro del marco del respeto a los derechos humanos”, explica la propuesta en su exposición de motivos.

Para Camacho, la propuesta es una oportunidad, aunque no está de acuerdo con los detalles. “Yo estoy contento por lo que acaba de presentar porque introdujo un tema que a mí me iba a tocar introducir en su objeto y ellos me hicieron el favor. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella plantea en el proyecto, pero eso va a traer una discusión sobre el tema de cuáles son realmente los delitos políticos”, dijo. El diputado cuestionó parcialmente un fallo de la Corte Suprema de Justicia por demandas presentadas contra indultos otorgados durante el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso. “Cuando el Estado a ti te está persiguiendo políticamente, ¿quién indulta a la víctima?”, objetó.

El anteproyecto de ley presentado por Janine Prado deberá ahora ser presentado a la Comisión de Gobierno para su discusión. De ser prohijado, iría al pleno de la Asamblea en segundo debate.

Sin embargo, esta y cualquier otra iniciativa legislativa se encuentran a la espera de que la Asamblea defina la conformación de las comisiones legislativas.

La propuesta legislativa se apoya en fallos emitidos anteriormente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En 1996, la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ emitió una sentencia señalando que “se determina que están dentro de la categoría de delitos políticos los que atentan contra la personalidad jurídica interna del Estado”.

Doce años después, en 2008, el pleno de la CSJ declaró inconstitucionales una serie de indultos realizados por la expresidenta Mireya Moscoso, argumentando que estaban dirigidos a personas condenadas por delitos comunes.

Este punto podría ser especialmente relevante en casos como el del expresidente Martinelli, condenado por el delito común de blanqueo de capitales.

Camacho se muestra en contra de esta de lectura del anteproyecto de ley, argumentando que a la CSJ no le corresponde legislar, ni siquiera interpretar las leyes, solo aplicarlas.

Las iniciativas propuestas por Camacho y Salazar posteriormente no lograron prosperar en la Asamblea. El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó en conferencia de prensa que la competencia de elaborar estas leyes le correspondía al Legislativo y que de ser aprobadas le tocaría evaluarlas. Pero dejó claro que “amnistía aplica, como dice la Constitución, para delitos políticos nada más, no para delitos comunes”.