La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia es una prioridad bilateral, y la oposición de las autoridades comarcales no frenará el proyecto.
- 23/12/2012 01:00
Han pasado veintitrés años desde aquella madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos de América intervino militarmente nuestro país en medio de una profunda crisis política nacional que, entre otras cosas, multiplicó las dudas sobre la efectiva transferencia del Canal en 1999, así como acerca de la salida de todos los soldados estadounidenses, tal como lo establecía el Tratado Torrijos-Carter.
La invasión de Panamá de 1989 ha generado un número plural de publicaciones que aportan diversas opiniones acerca de algo que pudiéramos calificar como la ‘‘naturaleza endógena’’ de la injerencia norteamericana en esa compleja crisis interna.
Este énfasis quizás arraigue en el hecho de que no era la primera vez que la superpotencia violaba de manera impune el principio de no intervención, ya que, en aquel momento había transcurrido un cuarto de siglo desde la última irrupción militar estadounidense, durante la gesta de enero de 1964. Tal vez tenga que ver con lo que el ex canciller Jorge E. Ritter señalaba en 1990: ‘Perspectiva histórica para emitir juicios definitivos no existe: los acontecimientos son muy recientes, los hechos políticos todavía están en evolución, las heridas no se han cerrado’.
En cualquier caso, para intentar comprender un fenómeno tan complejo como la invasión norteamericana se debe tener en cuenta una amplia serie de problemas, estrechamente entrelazados unos con otros. De acuerdo a Danilo Zolo, ‘vivimos en un mundo donde las interacciones y las interdependencias funcionales son profundas y están extendidas a escala global, igualmente profunda y extensa es la complejidad de los fenómenos por analizar. Esto, a mi parecer, no admite simplificaciones explicativas tan drásticas y elementales.’
En este sentido, llama la atención que la mayor parte de los estudios conocidos casi no prestan atención al hecho que la intervención militar de 1989 tuvo lugar algo más de un mes después de la caída del muro de Berlín y del comienzo del desmoronamiento de la antigua Unión Soviética. Este es, en mi punto, un hecho crucial.
INVASIÓN Y EL MARCO DE LA ONU
La invasión de Panamá de 1989 fue una guerra de agresión que se definió como guerra justa. Unos años más tarde, en 1991 y lo que resta de la década del noventa del siglo XX, la perspectiva de la injerencia humanitaria, auténtica inversión del derecho internacional, se convirtió en el elemento clave de la estrategia estadounidense del nuevo orden mundial. A partir de entonces, estas intervenciones de ‘peace enforcing’ se han afirmado más allá de cualquier referencia normativa, incluida la Carta de las Naciones Unidas.
Así, la invasión de Panamá y otras guerras injustas e ilegales de finales del siglo XX retrotrajeron a la comunidad internacional a modelos de enfrentamiento que ya se creían superados.
Probablemente a este escenario se refería Colin Powell, ex Secretario de Estado norteamericano, cuando expresó: ‘el tiempo de la diplomacia ha pasado’.
Así, al explorar desde esta perspectiva la invasión, ésta adquiere nuevos matices y posibilidades analíticas. En este sentido, una hipótesis probable podría ser que en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos imponía a sangre y fuego la Posguerra Fría en el Continente Americano y particularmente en Panamá, con el objetivo de iniciar la reversión, la vuelta a la condición que tuvieron antes, de dos instituciones clave de la institucionalidad nacional: el ejército y el Canal. Unas palabras sobre el primero.
UN ESTADO PRECARIO
Desde su nacimiento en 1903, el Estado-Nación panameño expresa una profunda precaridad en cuanto a la ‘libre disposición sobre los medios militares que se reserva el poder central’ (Elias). Estados Unidos exige la primera disolución del ejército en enero de 1904, a menos de dos meses de su independencia; a lo que sigue el desarme de la Policía Nacional en 1916 y su posterior rearme (militarización) en el período de 1932 a 1940. Durante el período de la Guerra Fría, Estados Unidos impulsó la modernización de las instituciones castrenses a través del modelo denominado ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’, marco en el que surgió, en 1953, la Guardia Nacional de Panamá, policía militarizada, altamente represora, entrenada y armada por los estadounidenses.
A partir de 1970, la Guardia Nacional asumió la dirección política del Estado panameño. En 1983, se reorganizó la institución armada cuyo nombre cambió al de Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP).
En ningún momento, hasta 1989, la institución militar panameña cortó sus lazos con las élites militares norteamericanas. En medio de las ambiciones desmedidas, la ascendente corrupción en la mayoría de la alta oficialidad de las FDP y las graves violaciones de los derechos humanos, por primera vez el proyecto hegemónico de Estados Unidos cohabitó con un ejército nacional.
Más allá de esto, los Tratados del Canal de 1977 y la Ley 20 de 1983, que creó las FDP, especificaban los objetivos de la institución militar que orientó la política nacional entre 1983 y 1989.
Por su parte, el artículo 5 del Tratado de Neutralidad vigente le delegó a Panamá, a partir del año 2000, la responsabilidad de defender el canal y la exclusividad de mantener bases militares en la zona canalera.
EL OBJETIVO MILITAR DE LA INVASIÓN
Después de la invasión, en una entrevista que dio en Quebec, el General Marc Cisneros, oficial del ejército estadounidense acantonado en las bases del Canal, Jefe de la Operación ‘Just Cause’, expresó con ‘abrumadora sinceridad que el objetivo de la invasión no era la captura del General Manuel Antonio Noriega. Dijo que el objetivo de la operación era, es y sigue siendo la destrucción de las Fuerzas de Defensa de Panamá’ (Navas).
La destrucción de las FDP con motivo de la invasión de Estados Unidos implicó una crisis del monopolio de la violencia en el país. Por supuesto, se trata de una crisis que toca el núcleo mismo de la estatalidad.
En 1990, el país todavía ocupado, inicia la readecuación del ‘mecanismo de la monopolización’, esto es, de la organización interna de la institución y de sus mandos, proceso que en las dos últimas décadas ha pasado por distintas fases de reajustes de fines y medios, de redefiniciones institucional, de concepciones de seguridad, de actores involucrados, hasta convertirse en el híbrido militar-policial que es hoy, en su intento de ser el músculo doméstico de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (2002), en el marco de un supuesto Estado de derecho que muestra serias dificultades para promover y asegurar unos presupuestos mínimos de convivencia pacífica entre la ciudadanía, sobre todo entre los márgenes más depauperados de la sociedad.
Por ahora, todo parece indicar que la alianza Estados Unidos y Panamá en materias ligadas al ejército y al canal, es monolítica, irrompible. Así como fue en Libia, Egipto, Siria. Vale en estos tiempos lo que escribiera Schmitt sobre un contexto semejante: ‘Nada es aquí verdad, todo es aquí una orden’.
CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA