‘Es proselitismo a favor de todos’

PANAMÁ. El gobierno no piensa retroceder en relación a su pretensión de invitar a los candidatos presidenciales a la inauguración de obras del Estado y otros actos oficiales.

En un comunicado emitido ayer, la Secretaría de Comunicación del Estado, en su propia interpretación de lo que establecen los artículos 3 y 4 del Decreto Electoral N° 20 del 23 de junio de 2003, reiteró la invitación a los candidatos presidenciales asegurando que la norma electoral fue ‘erróneamente citada por los medios de comunicación’ para presumir el impedimento para la asistencia de los candidatos.

Según la traducción del Ejecutivo, la prohibición solo es extensiva a los servidores públicos de ‘hacer proselitismo político en favor o en contra de cualquier candidato o partido en dichos actos’, mas no prohíbe de manera alguna que el Presidente de la República los invite.

La visión del secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, va mucho más allá y asegura que no se está cometiendo ningún delito electoral, pues invitando a todos los candidatos a los actos oficiales ‘ya no es proselitismo a favor de uno, sino a favor de todos’.

Camacho restó importancia a las opiniones de los exmagistrados del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado y Gerardo Solís, asegurando que son ‘opositores al gobierno’. Dice que si hasta el momento los actuales magistrados del Tribunal Electoral no se han pronunciado, es porque no hay nada ilegal en lo que está haciendo el presidente. ‘Ese decreto no dice por ningún lado que el presidente no puede invitar a los candidatos presidenciales.

UN RETO A LA LEY

Pero la norma es clara. Las prohibiciones para proselitismo político en la inauguración de obras del Estado o cualquier otro acto oficial incluyen a los funcionarios públicos electos por votación popular, categoría en la que entra el presidente de la República.

‘Ningún funcionario puede violar la Constitución o la ley’, insiste el exmagistrado Solís, secundado por su colega Márquez Amado, quien advierte que el presidente se está ‘excediendo en el ejercicio de sus funciones’, porque no le corresponde a él (Martinelli) interpretar la ley electoral, eso es una función constitucional del Tribunal Electoral.

Una situación que es peligrosa para Márquez Amado, porque si desde antes de la campaña el presidente pretende no acatar las leyes electorales, es una señal de que ‘habrá interpretaciones acomodaticias de lado y lado’, lo que podría traer situaciones de desobediencia civil.