Ejecutivo defiende las jubilaciones para la Fuerza Pública

A pesar del rechazo que ha generado, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, salió ayer a defender el Decreto Ejecutivo 302 del 31 de agosto de 2016, que reguló la jubilación especial para miembros de la Policía Nacional que ocupan cargos civiles.

El Decreto 302 ha generado una serie de interpretaciones y dudas. El abogado Ernesto Cedeño presentó ayer ante la Corte Suprema una demanda de nulidad contra la norma porque considera que viola el artículo 55 de la Ley 93 de 2013.

Cedeño argumentó que la Ley 93 establece un privilegio especial para los directivos del Senan, que no es extensible a integrantes de otros estamentos de seguridad pública.

En este caso, se refiere a Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad; Javier Carrillo, jefe de Migración y Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad.

El ministro Alemán explicó que desde 1997, la Ley 18 de la Policía Nacional estableció que los policías se jubilaban con el último salario devengado. El Decreto 302, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 172 del 29 de julio de 1999, lo que busca es ‘garantizar que los policías que pasan a ocupar puestos civiles' no pierdan ese derecho.

Es decir, acotó Alemán, los policías que ocupan cargos de ministros, directores de instituciones o subdirectores se jubilarán, al cumplir con los años de servicios, con el último salario como policías.

El decreto, señaló el ministro, lo que viene es a ‘hacerle justicia' a los policías que pasan a ocupar cargos civiles porque no pierden el derecho establecido tanto en la Ley Orgánica de la Policía, como en la Ley 93 de 2013, que organiza al Servicio Nacional Aeronaval (Senan)'.

A juicio del ministro, el vacío legal surge ante los nombramientos de comisionados en cargos civiles. Se refirió específicamente a Javier Carrillo, director de Migración, designado en el cargo en el gobierno pasado y ratificado por el actual; así como a Alexis Bethancourt, en el cargo de ministro de Seguridad, y Rolando López, secretario del Consejo Nacional de Seguridad.

Sin embargo, el polémico decreto establece que ‘en el caso de personal juramentado de la Policía Nacional que haya sido designado en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y/o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado, se le aplicará lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 93 de 2013'.

Esta norma señala en su segundo párrafo que ‘los oficiales que han ocupado cargos de director general o subdirector general, que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicios continuos, podrán jubilarse con el 100% del último salario'.