Fundación de Transparencia Internacional cuestiona a Mulino por no convocar Pacto por la Justicia

La fundación recordó que ‘si bien esa decisión’ de Mulino es ‘legal’ el mandatario omite el profundo contexto de la desconfianza ciudadana.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, cuestionó al presidente José Raúl Mulino por su decisión de no convocar el Pacto de Estado por la Justicia para seleccionar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta reacción de la fundación surge luego que La Estrella de Panamá le preguntará a Mulino en su conferencia matutina de los jueves si convocaría el Pacto de Estado por la Justicia para seleccionar en diciembre los reemplazos de dos magistrados de la CSJ que terminan su periodo.

En diciembre terminan los periodos de los magistrados de la CSJ Cecilio Cedalise y Ángela Russo, por lo que deben escogerse sus reemplazos.

Mulino dijo a La Decana en la conferencia de prensa de este 31 de julio que ejercerá su rol constitucional de designar a esos dos magistrados.

La fundación recordó que “si bien esa decisión” de Mulino es “legal” el mandatario omite dos realidades fundamentales: primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia.

Esta organización recordó que el pacto fue creado como una salida institucional ante una crisis de legitimidad del sistema judicial y “la hoja de ruta de cambios y mejoras, entre ellos los procesos de nombramiento de magistrados”.

Con este escenario el pacto recordó que desde 2005 ese mecanismo ha servido para mejorar la transparencia y habilitar la participación ciudadana en la selección de los magistrados, “sin restar facultades al Ejecutivo”.

Para la fundación, omitir ese procedimiento “representa una oportunidad perdida para reconstruir confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia”.

“Recordemos que, además de la Constitución, normas como la Ley de Transparencia y compromisos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto exigen mecanismos de consulta y participación”, destacó el capítulo panameño de Transparencia Internacional.

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