Carrera Administrativa llega a la Corte Suprema de Justicia

PANAMÁ. La Carrera Administrativa sigue siendo la manzana de la discordia entre la administración saliente y el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli. Ayer, fueron presentados dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

El primero, un recurso de nulidad contra la suspensión de las acreditaciones de funcionarios en la Carrera Administrativa instruida por el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, interpuesto por la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

Carlos Ayala Montero, abogados de Fenasep indicó que el documento fue presentando ante la Sala Tercera de la Corte y busca la suspensión provisional de la solicitud de Mezquita.

“Al suspender las acreditaciones de funcionarios a la Carrera Administrativa se está violando lo estipulado en la ley, además más de 10 mil servidores no podrán ser acreditados”, señaló Ayala.

La solicitud de Mezquita surgió luego que el equipo de transición del gobierno de Martinelli denunciara supuestas irregularidades en la acreditación de funcionarios en la Carrera Administrativa.

Alfredo Berrocal, secretario general de Fenasep recordó al presidente electo Ricardo Martinelli su compromiso de respetar la Ley de Carrera Administrativa. “No se trata de hablar por hablar. Martinelli dijo que iba a respetar las leyes y es lo que tiene que hacer”.

Agregó que Mariela Jiménez, directora de la Carrera Administrativa designada por Martinelli, no cumple con los requisitos propuestos por la ley.

“La Constitución establece claramente cuáles son los requisitos para ser director de la Carrera Administrativa y una de ellas es poseer 10 años como mínimo en una jefatura de administración pública o privada”, sentenció Berrocal.

Agregó que la directora de Carrera Administrativa designada tendrá que comprobar fehacientemente ante la Asamblea Nacional que cumple con todos los requisitos para que sea ratificada en el cargo.

Mientras tanto Jiménez aseguró que cualquier nombramiento que pretenda hacer el nuevo gobierno tendrá que pasar por concurso.

Indicó que son varios los ministerios y las instituciones donde no hay espacio para nuevos nombramientos. “Cambiaron la ley para hacerlo a su modo”.

Jiménez sostiene que con los cambios que se hicieron a la ley en el período comprendido entre 2007 y 2008, gracias a un proceso especial, cualquier funcionario que tuviese dos años en adelante podía ingresar, sin tomar en cuenta título universitario. Fue en ese lapso donde se reportó la entrada de 17 mil funcionarios al paraguas de la Carrera Administrativa.

Reveló que debido a esto, los ministros entrantes no podrán nombrar a sus empleados de confianza. “Hay muchos ministros que el primero de julio irán solos, no podrán llevar una secretaria o un asistente”.

Dijo además que están esperando un informe de todos los ministros y los directores de entidades respecto a los casos de Carrera Administrativa en cada institución, para después proceder a evaluarla.

“Muchas personas que tienen más de cinco años en una entidad pública y no han sido incluidos en la Carrera Administrativa”.

El abogado Ernesto Cedeño presentó el martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra los artículos 67 y 68 de la Ley 9 de 1994, por la que se regula la Carrera Administrativa.

Cedeño aduce que dichos artículos violentan lo establecido en el artículo 305 de la Constitución Nacional.

“Estos dos artículos han permitido que esta carrera se haya desvirtuado todo lo establecido en respecto al sistema de merito que establece la Constitución”.

Sostiene que las modificaciones a la ley tergiversan el sistema de méritos. “A la persona que está ejerciendo el cargo se le da el status de Carrera Administrativa solo por su experiencia, no se toman en cuenta títulos universitarios, ni nada de ello. Igualmente a los funcionarios con cargos transitorios, después de tener dos años en la institución se les acredita dentro de la Carrera Administrativa. En los dos se deja de lado el sistema de méritos”.

Cedeño manifiesta que lo correcto sería que se cumpliera con el procedimiento ordinario, por concurso, que es como lo establece la ley, y no sólo por experiencia.

La tormenta por el nombramientos de funcionarios en la Carrera Administrativa se desató cuando, varios ministros designados revelaron irregularidades en las acreditaciones.

Las autoridades del gobierno entrante aseguraron que haran una revisión de la ley.