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Los dos nuevos proyectos de ley presentados en medio de los 3,840 casos de corrupción investigados
- 24/07/2025 12:37
Los proyectos de ley presentados son la llamada ‘ley general anticorrupción’ y modificaciones al ‘Código Procesal Penal’ para ajustar artículos en relación con los delitos contra la administración pública.
La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación mantiene 3,840 causas activas en relación con delitos contra la administración pública y el orden económico.
Entre esos delitos se destacan la retención indebida de cuotas obrero-patronales, el blanqueo de capitales y los daños patrimoniales.
Así lo anunció Luis Carlos Gómez, procurador general de la Nación, este jueves 24 de julio en el pleno de la Asamblea Nacional, donde presentó dos iniciativas legislativas para combatir la corrupción.
El primer proyecto busca aprobar la Ley General Anticorrupción y modificar normas del Código Procesal Penal junto a otras disposiciones.
El segundo propone ajustar artículos en relación con los delitos contra la administración pública.
“La corrupción es un cáncer que corrompe los cimientos del Estado de derecho y erosiona la confianza de la soberanía, impacta la economía y pone en riesgo el bienestar de las generaciones”, explicó el procurador.
Panamá obtuvo una calificación de 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Esta cifra está lejos de los 42 puntos que promedia la región y refleja una “persistente debilidad estatal”, estimó Gómez.
Sus propuestas se centran en el debido cumplimiento del país con sus compromisos en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas.
“Buscamos incorporar técnicas especializadas para combatir delitos de crimen organizado, regular acuerdos de pena para personas jurídicas, reforzar mecanismos importantes para la identificación y restitución de activos públicos, siempre con respeto a la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales de la ley”, afirmó.
El proyecto de reforma de normas del Código Procesal Penal en delitos contra la administración pública propone incrementar las penas para delitos que, durante años, han mantenido sanciones bajas o condenas “irrisorias” frente a “actos graves que han atentado contra el interés y patrimonio estatal, desvirtuando la certeza del castigo”.
Gómez apuesta por una “legislación penal acorde a los estándares internacionales” que fortalezca la respuesta del Estado ante conductas que afectan la justicia y el desarrollo económico.
Este aumento de penas sancionaría a aquellos que, en posición de poder o autoridad, se involucren en sobornos a funcionarios públicos, pagos ilícitos, tráfico de influencias, fraude en contrataciones públicas, abuso de autoridad y demás delitos relacionados con esta índole.
“No se trata de legislar por un afán punitivo, sino de dotar al Estado de instrumentos para sancionar a aquellos que en el poder público atentan contra los bienes del Estado y la confianza de la ciudadanía. Su aprobación será un hito en la construcción de un Panamá más justo y transparente”, manifestó el procurador.
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