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- 16/11/2011 01:00
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PANAMÁ. La creación de una Unidad Administrativa de Investigación para atender las denuncias de corrupción se quedó plasmada en la página 27 del Plan del Gobierno del Cambio. Igual suerte parecen correr las denuncias por malos manejos de la cosa pública.
El recorrido se repite una y otra vez. Comienza con una o dos primeras planas de los periódicos, acto seguido la negación de los voceros del gobierno, luego los debates entre oficialistas y opositores. Una vez se hace insostenible, llega la renuncia o destitución del involucrado. La trama se congela, hasta que muere en la gaveta de algún despacho o pasa al Ministerio Público.
La inscripción en el partido de gobierno para lograr esa protección que termina con un borrón y cuenta nueva es otra de las estrategias en uso.
PIDEN JUSTICIA IMPLACABLE
Aníbal Galindo, vicepresidente del oficialista partido Cambio Democrático (CD), pidió a la justicia que sea ‘implacable’, no puede haber contemplación con los corruptos.
No importa si el funcionario cuestionado renuncia o se le destituye, tiene que responder ante la justicia, pues ‘lo único que puede superar a la corrupción es la impunidad’.
PANAMEÑO DESPREOCUPADO
Pareciera que la corrupción no es fuente de preocupación para el panameño común. En pleno mes de la patria, los resultados de la encuesta de Dicther & Neira ubican a la corrupción general en un quinto escaño frente a otros problemas como la inseguridad, el costo de la vida, la violencia juvenil y el desempleo.
Su último registro tiene cuatro décimas menos que la medición de septiembre.
IMPUNIDAD VS. DEMOCRACIA
La opinión de las mayorías dista mucho de la del presidente del Partido Popular, Milton Henríquez, quien advierte que esto se convierte en un ‘peligro’ para la democracia.
A juicio del político, en la medida en que las personas vean que no existe certeza de castigo para quienes atenten contra los bienes del Estado, la ciudadanía ‘podría empezar a tomarse la justicia por sus manos y es allí donde se cultivan los movimientos revolucionarios’.
BLINDAJE OFICIAL
Varias denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de alto perfil se han publicado en los medios de comunicación que acaban en renuncias: la venta de visas en Migración con María Cristina González; PAMAGO con Italo Antinori, así como el magistrado José Abel Almengor; y Anabel Villamonte, en la ANATI.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez,pregunta cuántos de estos casos de alto perfil han sido investigados a cabalidad. Él mismo responde que no recuerda ninguna investigación a fondo y menos un condena. ‘Se han quedado en el despacho de alguna fiscalía.
Se envía un mensaje de una permisividad e inexistencia de certeza del castigo.
¿COMPLICIDAD?
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, a través de su vocera, Magaly Castillo, reclama mayor acción a la Asamblea Nacional, del Ministerio Público, la Contraloría de la República y demás instituciones encargadas de fiscalizar el uso de fondos estatales.
El problema está en que actualmente hay una politización excesiva e ingerencia del gobierno en los demás órganos del Estado y por eso no sucede nada.
Los reclamos de la sociedad civil quedan en nada tras un ‘silencio cómplice’ de aquellas instituciones, dijo.
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