Propuestas para endurecer la lucha contra la corrupción vuelven a la Asamblea

La Asamblea Nacional recibió el 17 de agosto de 2026 el anteproyecto de Ley 141, que plantea una serie de reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 23 de 2015, con el objetivo de fortalecer la investigación y recuperación de bienes vinculados a delitos contra la administración pública.

La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado Castaño y respaldada por sus colegas de la bancada Vamos, se encuentra pendiente de prohijamiento en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con el comiso de bienes. Actualmente, el artículo 75 del Código Penal establece que el comiso consiste en adjudicar al Estado los bienes, activos, valores e instrumentos utilizados o provenientes de la comisión de un delito, con exclusión de aquellos pertenecientes a terceros no responsables.

El anteproyecto busca ampliar esta figura para que también pueda alcanzar bienes transformados o convertidos, ganancias y rendimientos derivados del delito, bienes lícitos mezclados con fondos ilícitos y bienes de valor equivalente cuando los activos originales no puedan ser localizados o hayan sido ocultados, transferidos o enajenados.

La propuesta establece que esta medida deberá ser ordenada mediante una decisión judicial y que el Ministerio Público tendrá que acreditar la vinculación del bien con el delito. También protege los derechos de terceros de buena fe y establece que, cuando corresponda, la restitución del bien a la víctima tendrá prioridad sobre su adjudicación definitiva al Estado.

También establece que los ingresos, rendimientos u otros beneficios derivados de los bienes o productos del delito serían decomisados, así como los bienes de origen lícito mezclados con bienes provenientes del delito, hasta por el valor estimado del producto ilícito incorporado.

Otro de los puntos centrales es el destino de los bienes comisados. La propuesta crea una Cuenta de Recuperación de Activos por Corrupción dentro del Tesoro Nacional.

Los recursos serían destinados prioritariamente a salud, educación, infraestructura comunitaria y programas de prevención de la corrupción. El texto prohíbe que estos bienes o sus productos sean utilizados directamente para financiar el presupuesto operativo, bonificaciones u otros beneficios económicos del Ministerio Público, el Órgano Judicial o los cuerpos de seguridad.

Además, se plantea la creación de un registro público anual con estadísticas sobre bienes aprehendidos, comisados y restituidos, así como los montos recuperados y el destino de esos recursos.

El anteproyecto también propone autorizar, bajo control judicial, técnicas especiales de investigación, como la interceptación de comunicaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, compras controladas y vigilancia física o digital.

Como regla general, estas medidas requerirían autorización previa de un juez de garantías. En situaciones de urgencia, podrían ejecutarse sin autorización previa, pero tendrían que ser sometidas a control judicial dentro de un plazo máximo de 48 horas.

La iniciativa también contempla mecanismos para rastrear y recuperar activos ubicados en otros países mediante cooperación jurídica internacional y equipos conjuntos de investigación.

Aumento de penas

En materia penal, propone elevar las penas para los delitos relacionados con la corrupción, incluidos el cohecho y el enriquecimiento injustificado, especialmente cuando exista un perjuicio patrimonial superior a $100 mil, estén involucrados fondos destinados a servicios esenciales o participe un funcionario de elección popular o de alta responsabilidad.

La propuesta modifica el artículo 345 del Código Penal y establece una pena de prisión de siete a diez años e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, después de cumplida la pena principal, para el servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, solicite, acepte o reciba, para sí o para un tercero, donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja indebida, con la finalidad de realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o como consecuencia de haber faltado a ellas.

Actualmente, la pena es de dos a cuatro años.

La propuesta también establece una pena de cinco a ocho años para los funcionarios que utilicen, en beneficio propio o de un tercero, información o datos de carácter reservado, confidencial o de acceso restringido. La sanción actual es de cuatro a ocho años.

El proyecto de ley también amplía a las entidades autónomas o semiautónomas, universidades oficiales, entes policiales y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la realización de auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos.

La propuesta también busca aumentar la protección de los denunciantes.

Medidas similares se han presentado durante esta administración, pero han fracasado en la Comisión de Gobierno.

El anteproyecto deberá pasar primero por el proceso de prohijamiento y, posteriormente, por los debates correspondientes antes de convertirse, eventualmente, en ley.